Elige un idioma
Las relaciones entre Turquía y la UE están pasando por un período de profunda transformación. Para Ankara, candidata oficial desde 2005 para integrarse en la Unión, la perspectiva de la adhesión ya no parece verosímil. El proceso, ya estancado desde hace varios años, ha sufrido más golpes como resultado de las posiciones autoritarias asumidas por el Gobierno turco. Las mismas tendencias se han agravado después del intento de golpe de Estado del verano pasado, que fue seguido por la declaración del estado de emergencia, actualmente vigente.
En el último año, el Gobierno turco ha llevado a cabo más de 150 mil despidos y más de 50 mil detenciones contra los presuntos implicados en el intento de golpe u otras acciones "terroristas". Unas medidas que han sacudido brutalmente a los medios de comunicación, así como a universidades y organizaciones de la sociedad civil, mientras que los espacios para la libertad de expresión se han reducido en gran medida. Por último, el referéndum, que en abril condujo a la aprobación de una reforma constitucional polémica (con resultados controvertidos y muy apretados) y que prevé la centralización del poder en manos del presidente de la República en 2019, se considera como el último capitulo de la deriva autoritaria del país.
Negociaciones aún en curso
Sin embargo, a pesar de la crisis entre los dirigentes turcos y algunos Estados miembros de la UE (especialmente con Alemania y Holanda) las negociaciones aún están en curso oficialmente. Para Ankara, cada vez más orientada a transformar su relación con la UE en unos lazos comerciales y económicos - especialmente a la vista de una posible modernización de la Unión Aduanera - el grupo de los 28 sigue siendo un "objetivo estratégico". Por su parte, la UE tiene otros intereses estratégicos, relacionados principalmente con el acuerdo sobre los refugiados firmado con Ankara en marzo del año pasado.
El principal problema que parece dividir a los gobiernos de la UE - como escribe Sinan Ulgen, analista de Carnegie Europe - es el grado en que la ampliación de la dimensión comercial con Turquía estará condicionada por consideraciones relacionadas con los derechos humanos y las normas democráticas. El informe anual de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo, publicado el pasado 20 de Junio, critica con dureza las recientes medidas represivas registradas en Turquía, pidiendo a los gobiernos nacionales de la UE y a la Comisión Europea "suspender sin demora las negociaciones de adhesión con Turquía si el paquete de reformas constitucionales es desarrollado sin modificaciones", puesto que tal paquete no sería conforme a los criterios de Copenhague y no respeta los principios fundamentales de la separación de poderes, como ya ha puesto en evidencia la Comisión de Venecia. Entre las recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea también se incluye que habrá que tener en cuenta los acontecimientos en Turquía en el momento de la revisión intermedia de la ayuda de preadhesión (IPA).
Los fondos de preadhesión de la UE
También se está produciendo un nuevo debate público sobre los fondos IPA recibidos por Turquía desde 2007 como país candidato a la UE. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha anunciado recientemente el inicio de una investigación sobre las sumas destinadas a Ankara en los últimos 10 años. La Comisión Europea asignó a Turquía 4.790 millones de euros para el periodo 2007-2013. Otros 4.450 millones de euros se han asignado para el periodo comprendido entre 2014 y 2020 (de los cuales en mayo de 2017 se pagaron 186 millones).
Se trata de préstamos que están destinados a facilitar las reformas políticas y económicas en Turquía con vistas a su adhesión a la UE y que en los últimos años han sido considerados cruciales para el proceso de democratización del país. Ahora, sin embargo, y dada la deriva autoritaria del país, surgen dudas sobre el uso de esos fondos. "La investigación en curso tiene como objetivo determinar si la asistencia previa a la adhesión a la UE de Turquía ha sido bien administrada y de forma eficaz. Las áreas prioritarias en cuestión son tres: el estado de derecho y los derechos fundamentales; la democracia y la gobernabilidad; la educación, el empleo y las políticas sociales", se afirma en el comunicado de prensa de la CEPA, en el que también se recuerda que Turquía recibe el 40 por ciento de la financiación del IPA.
La cuestión también ha encontrado eco en el Parlamento nacional turco, donde Selina Dogan, diputada del CHP (Partido Republicano del Pueblo), ha dirigido una pregunta parlamentaria sobre el destino de los fondos. Pero como explica Cengiz Aktar, senior scholar en el Istanbul Policy Center, a Osservatori Balcani e Caucaso Transeuropa, sobre dicha cuestión ya se había pronunciado un estudio en profundidad encargado en 2016 por el Parlamento Europeo a expertos externos, donde se afirma que "la comprensión de la eficacia y del impacto de los fondos de la UE en Turquía sigue siendo muy limitada.”
Apoyo crucial a la sociedad civil
Según el experto, "la verdadera pregunta que debemos hacernos no es tanto si se ha hecho un uso apropiado de los fondos o no, sino más bien, dada la actual relación entre Turquía y la UE, para qué sirven los fondos del IPA actualmente." "Los fondos no son utilizados en su totalidad porque Turquía no puede, o más bien no quiere, presentar proyectos viables. A Ankara le gustaría utilizar los fondos de una manera libre, pero por supuesto las normas de la UE no permiten tal cosa, y así muchos fondos permanecen sin uso. Es por esta razón por la que algunos de los fondos del IPA se han utilizado para financiar el instrumento de 3.000 millones de euros previsto en el acuerdo UE-Turquía sobre los refugiados", añade el experto.
Sin embargo, un sector que en los últimos años ha tenido un importante desarrollo gracias a los fondos de preadhesión es el de la sociedad civil en Turquía. "Los fondos del IPA son la principal fuente de financiación externa para las organizaciones de la sociedad civil en Turquía. El acceso a estos fondos por parte de las organizaciones ha sido muy importante, pero su afirmación, que se llevada a cabo desde el año 2005, ha sido posible gracias al proceso de adhesión a la UE, que ha ampliado su espacio institucional y legal, así como al hecho de haber logrado que los mecanismos estatales sean más elásticos", explica a Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Özge Zihnioglu, profesora de la Universidad de Estambul Kultur. De acuerdo con la investigadora, los fondos del IPA representan uno de los canales a través de los que la UE ha estado en contacto con la sociedad turca, junto con otros programas como Erasmus + "que son muy importantes", añade la docente.
El profesor Aktar también reconoce la importancia de que los fondos europeos han tenido en el apoyo al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en Turquía, aunque hayan tenido acceso a "sólo una fracción de los cientos de miles de euros comprometidos por la UE". A pesar de que la sociedad civil se ha convertido en un sector por derecho propio entre los que se especifican en el marco de la financiación del IPA 2014-2020 - consiguiendo así en teoría la posibilidad de tener acceso a más fondos - el espacio de su actividad ahora se ha reducido mucho.
"Tras el intento de golpe del pasado 15 de julio muchas asociaciones, organizaciones y fundaciones que atrajeron a los fondos del IPA se han cerrado" recuerda Aktar. El experto define como una "fantasía" la idea propuesta por algunos parlamentarios europeos de que estos fondos sean dirigidos a la sociedad civil. "Los fondos no pueden ser destinados si Ankara no lo permite", dice el profesor, según el cual "Turquía a los ojos de la UE ya no es tan diferente de terceros países, como Egipto o Argelia." Por otra parte, incluso la UE parece haber perdido credibilidad ante los ojos de la sociedad turca. “Al principio era gracias a su propio peso que la UE podía ejercer presión para la reforma en Turquía. Sin embargo, actuando de manera únicamente utilitaria y teniendo en cuenta sólo sus propios intereses, la ha perdido ", añade Zihnioglu. Para la docente "las relaciones entre Turquía y la UE podrán progresar sólo cuando ambas partes quieran y haya condiciones para hacerlo.”
Los tiempos para avanzar en esta dirección no parecen cortos, a juzgar por los comentarios en un artículo publicado en el periódico británico The Guardian, que ha suscitado más de una crítica entre los observadores turcos. "Turquía está tratando de restablecer las relaciones con la UE - y lo hace sin haber obtenido la exención de visado para los ciudadanos turcos o [sin] ninguna señal de progreso de las negociaciones de la UE - escribe la analista Natalie Nougayrède - la UE parece haber jugado sus cartas bastante bien con este socio complejo y hostil". Unas palabras citadas con amargura por Semih Idiz en un artículo publicado en Al-Monitor: "Es extraño que se diga que la UE ha 'jugado bien sus cartas', cuando es obvio que estaría dispuesta a ir más allá de sus propios valores y pretender mantener abierta la puerta de las negociaciones con una Turquía menos democrática para los intereses estratégicos de Europa"escribe el periodista, añadiendo que en última instancia lo que importa en ambos lados son "los negocios ".
Esta publicación ha sido producida dentro del proyecto Parlamento de los Derechos, cofinanciado por la Unión Europea. La responsabilidad sobre los contenidos de esta publicación reviene a Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), y no refleja en modo alguno la posición de la Unión Europea.
