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Es una de esas zonas sombrías de la historia reciente de Francia, una de esas heridas mal curadas que alimentan guerras ideológicas y anatemas. Una de esas pasiones francesas que encienden habitualmente a intelectuales, políticos y militantes. La clave está en una pregunta, sencilla y al mismo tiempo terrible: ¿es Francia en parte responsable del genocidio ruandés que causó 800.000 muertes en un mes?
Casi dieciocho años después, la pregunta sigue siendo objeto de violentas polémicas que dicen al menos tanto sobre las fracturas políticas e íntimas de Francia como sobre el mismo genocidio de 1994.
¿Qué suceso reciente suscita posiciones tan marcadas, odios tan personales o genera un furor verbal similar? Ni Bosnia ni Kosovo. Quizás haya que remontarse a la guerra de Argelia, o hacer referencia, en menor medida, a la cuestión palestina, para encontrar acusaciones de tal gravedad, una división similar entre dos bandos, que se podrían caricaturizar con los rasgos de la "anti-Francia" contra la "Francia eterna".
El crimen y la acusación son tan grandes, que ciertas partes parecen haber perdido la razón en su búsqueda de la verdad definitiva. Periodistas y militantes asociativos convertidos en investigadores de la policía judicial, jueces que se creen historiadores, historiadores que presumen de realizar periodismo de investigación: ¿Ruanda les hace enloquecer?
Dos "verdades" judiciales diametralmente opuestas
En cualquier caso, ha generado despropósitos tan graves que la voluntad de hacer coincidir la verdad histórica con convicciones personales se ha convertido en obsesión para algunos. Si la cuestión de la "complicidad" francesa en el genocidio constituye el auténtico epicentro de esta polémica, desde hace tiempo ésta se ha desviado hacia otra pregunta fundamental, espectacular pero terriblemente simplificadora con respecto al genocidio en sí mismo: ¿quién derribó el 6 de abril de 1994 el avión del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, que era hutu? Como si este suceso, calificado por algunos de "desencadenante", hubiera acabado por ser más importante que el mismo genocidio.
Sin embargo, la investigación judicial dirigida por el juez francés Marc Trévidic sobre el accidente, que marcó el inicio del genocidio de los tutsis, acaba de resurgir quizás de forma decisiva. En 2006, el juez de instrucción Jean-Louis Bruguière, que nunca fue a Ruanda, había señalado como autor del atentado a Paul Kagamé, jefe de la rebelión tutsi basada en Uganda y hoy presidente de Ruanda. El peritaje inédito llevado a cabo en Kigali bajo la batuta del juez Trévidic, que sucedió a Jean-Louis Bruguière, parece incriminar al bando contrario. Según el informe publicado el 10 de enero, los extremistas hutus habrían asesinado a su propio presidente, al sospechar que había aceptado compartir el poder con el bando contrario durante una cumbre en Arusha (Tanzania), de donde regresaba ese 6 de abril.
Las dos "verdades" judiciales, diametralmente opuestas y que parecen haberse establecido sucesivamente con el mismo procedimiento, reflejan las tesis irreconciliables defendidas por los dos bandos presentes en el debate público francés.
La polémica incluye la cuestión sobre el vínculo entre el atentado y el genocidio. Curiosamente, el hecho de centrarse en un accidente que provocó doce víctimas, casi ha acabado por relegar a un segundo plano la masacre de 800.000 personas. Si bien los historiadores han determinado que el exterminio de la minoría tutsi había sido preparado (con la elaboración de listas, los llamamientos radiofónicos a la eliminación, la formación de las milicias extremistas hutus Interahamwe que desempeñaron una función crucial en el genocidio), los defensores de Bruguière suelen considerar el atentado como la causa fundamental e incluso única de las masacres, que se habrían iniciado "como reacción".
De forma insensible, el misterio del atentado se ha convertido en el misterio sobre los autores del genocidio. Convencidos de la culpabilidad de Paul Kagamé en el asesinato del presidente, los que se niegan a poner en duda a Francia le consideran responsable del genocidio de su propio pueblo. El presidente actual habría sacrificado a los tutsis del interior para conquistar el poder, como explicaba el juez Bruguière en su orden de noviembre de 2006, que, más allá del contexto judicial, desarrollaba un análisis histórico con tintes de panfleto.
El asunto de Ruanda recuerda a la guerra de Argelia
Las autoridades francesas que han trabajado en el asunto de Ruanda y sus seguidores políticos y mediáticos, como Bernard Debré, Hubert Védrine o Pierre Péan, detestan el actual régimen de Kagamé. Y apenas han reparado en que Nicolas Sarkozy, presionado por el jefe de la diplomacia Bernard Kouchner, se reconcilió con él al reconocer en Kigali en febrero de 2010, "errores de apreciación y errores políticos".
Estas dos "versiones de la historia" han acabado delimitando dos bandos irreconciliables, cada uno con una visión sobre la función y el lugar de Francia en África, en el mundo y en la historia. Salvando las distancias, el asunto de Ruanda recuerda a la guerra de Argelia. Plantea cuestiones comparables: la articulación entre el Estado republicano y el ejército; la eufemización de una auténtica guerra colonial como "operaciones de mantenimiento del orden" (Argelia) o como "apoyo a un régimen amigo atacado por rebeldes" (Ruanda); la rivalidad con los anglosajones en el continente africano, conocida con el nombre de "síndrome de Fachoda", denominado así por el incidente diplomático que se produjo en Sudán en 1898 y considerado como símbolo de la humillación de Francia por parte de Gran Bretaña.
Los dos sucesos, ambos inmensas tragedias humanas, también tienen en común que acabaron siendo un fiasco por la grave pérdida de influencia de París en una de sus zonas estratégicas. En resumen, los que están en contra de Kagamé reúnen a los defensores de una Francia civilizadora y sin reproche, asediada por el imperialismo anglosajón y responsable de emprender una misión particular en África. En cambio, los que consideran a Francia responsable en el genocidio ruandés insisten en la tradición contrainsurreccional de su ejército, desde Indochina a Ruanda, pasando por Argelia y Camerún, pero también en la complacencia de sus élites políticas con respecto al hecho colonial o su avatar actual, la Françafrique (las relaciones entre África y Francia).
Estas polémicas reflejan una clara preferencia, incluso entre las élites, por las "verdades" simples. Pero este paisaje caótico también está relacionado en gran medida con los errores de la investigación judicial sobre el atentado de Kigali. Por ello sería conveniente que el juez Trévidic estableciera una verdad científica sobre este aspecto. ¿Bastará para exonerar a Francia, sus políticos y su ejército de un deber de transparencia sobre este otro "pasado que no acaba"?
