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Cuando reina la impunidad

Un periodista griego expone que el principal problema de los griegos no es el dinero, sino un sistema clientelista en el que nadie tiene que rendir cuentas.

Publicado en 20 febrero 2012 a las 16:14

Quizás estén hartos de la crisis griega, como les ocurre a los políticos de peso en Europa. Seguro que piensan que los problemas griegos son financieros: falta de competitividad, una deuda y déficits gigantescos, un sector público contraproducente. Y tienen razón, pero es tan sólo la parte visible del iceberg.

La raíz del problema se encuentra en primer lugar en la anarquía y en el funcionamiento defectuoso de la justicia, luego en la existencia de un sistema clientelista basado en favores políticos, los intercambios de trucos, la corrupción y un entramado burocrático monstruoso que lo único que hace es servir a sus propios intereses, ahogar el espíritu empresarial y poner a prueba a la población griega. Esta situación pone freno a las mejoras en el sector financiero.

Desde que comenzó la crisis griega, era evidente que la clase política griega iba a seguir luchando por mantener este sistema clientelista, cuyos beneficiarios formaban parte del sector público, de los sindicatos y sobre todo del sector privado financiado por el Estado. En Grecia, el contrato social en vigor desde hace ya 35 años (o incluso más) se basa en el principio de que el ciudadano vota a un cierto partido a cambio de un empleo en la función pública (por un sueldo ínfimo) o de un mercado público de una cantidad exageradamente elevada (para los peces gordos).

La justicia no tiene ningún poder en Grecia

En el sistema que rige Grecia, los políticos jamás han tenido que rendir cuentas y la justicia no tiene ningún poder. La Constitución griega (abrazada por los dos grandes partidos políticos de manera descarada y ávida) limita de forma considerable la posibilidad de emprender acciones legales contra los políticos. De este modo, nunca se ha inculpado a ningún político griego, ni siquiera en casos sonados como el asunto Siemens o el de Vatopediu.

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Theodoros Tsukatos, colaborador cercano al exprimer ministro Costas Simitis en los años noventa, reconoció en septiembre de 2010 ante el Parlamento griego que en 1999 había recibido un millón de marcos en sobornos de la empresa alemana, una suma que entregó a su partido, el PASOK. Según Theodoros Tsukatos, todos los grandes partidos políticos griegos reciben sobornos de las empresas privadas. Nadie se ha preocupado por saber de dónde procedía este millón de marcos y las cuentas del partido jamás se han examinado. En Alemania se imputó a varios dirigentes de Siemens, pero en Grecia no.

En 2008 estalló el asunto Vatopediu. Se trataba del intercambio de terrenos de gran valor que pertenecían al Estado por terrenos de menor valor, propiedad de un monasterio. Según algunas estimaciones, el acuerdo costó al Estado 100 millones de euros. En 2010, el Parlamento griego decidió que debía juzgarse a cinco exministros, pero los expedientes sobre estos delitos se archivaron definitivamente en 2009.

Estos asuntos confirman la convicción general de que en Grecia domina la anarquía. Incluso en los casos normales, es necesario esperar cinco años para que se celebre un primer proceso judicial, luego tres años más para apelar y otros tres años para obtener un último veredicto del tribunal supremo. Esto no es justicia, sino la negación de la justicia. Por este motivo Grecia no funciona como un Estado democrático, sino como una república bananera de los Balcanes.

Tres partes diferenciadas

Después del primer plan de rescate para Grecia en 2010, esperaba que el programa de adaptación económica y el control estricto de la Comisión Europea y de nuestros socios de la eurozona pondrían fin al sistema clientelista y a la maquinaria burocrática.

De momento, en Grecia existen tres partes diferenciadas. En primer lugar se encuentran los políticos y sus aliados en el sector público y el privado, que están amenazados por el hundimiento del sistema y por lo tanto se niegan a aplicar con eficacia las reformas estructurales necesarias. Después se encuentra la gente, que está harta de la situación y exige cambios, pero no tiene representación política. Y por último se encuentran nuestros socios europeos, que hasta ahora no han elegido ningún bando, pero precisamente por este motivo prestan su apoyo a los poderosos.

La Comisión Europea destaca, y con razón, que las autoridades griegas son las que tienen que aplicar el programa de reformas. Pero también se plantea la pregunta de saber hasta dónde puede llegar Europa a la hora de restringir la soberanía nacional, una cuestión fundamental para concebir un gobierno económico en la eurozona.

Tras dos años de inercia, nuestros socios europeos por fin empiezan a insistir en la puesta en marcha de auténticas reformas y en la disminución considerable de los gastos del Estado. Pero mientras, sólo en el sector privado 500.000 personas han perdido su empleo, el sector público sigue siendo enorme y sigue obstruyendo los avances. Nosotros, los griegos, somos los que tenemos que reclamar esa justicia.

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