Elige un idioma
Los vientos alisios de las Islas Canarias han sido desde hace tiempo una tentación para los osados amantes del windsurf, pero ahora, las rachas que llegan hasta los 60 kilómetros por hora atraen también aerogeneradores gigantes y los millones de euros que llevan detrás. Las palas que giran sin cesar en los 55 aerogeneradores que se yerguen más allá de la playa de cantos grises de Pozo Izquierdo constituyen los blancos y desnudos símbolos de una industria en crecimiento y del potencial de abundante energía limpia, aunque también de corrupción. La población de Santa Lucía Tirajana fue la más sacudida este año por un temporal de corrupción. La Guardia Civil realizó una investigación durante un año con la que descubrió una serie de irregularidades en un plan para construir un nuevo parque eólico. Ahora, el alcalde, cinco concejales y dos promotores del parque eólico se enfrentan a los delitos que se les imputan y que incluyen tráfico de influencia, prevaricación, malversación de terrenos y soborno. ¿El motivo? Hasta 40 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea.
Esta investigación y otras que se están llevando a cabo en Europa arrojan luz sobre el concepto a veces desbocado del sector de la energía eólica en su rápido desarrollo. Los más de 6.000 millones de euros en subvenciones agrícolas y de estructuras asignadas para la energía renovable en un periodo de 13 años que finaliza en 2013, constituye una atractiva suma para una industria relativamente nueva sobre la que los expertos afirman que posee el beneficio de la duda porque presenta una imagen ecológica que parece estar por encima de cualquier reproche político. Las autoridades estiman que es imposible cuantificar el nivel de fraude en el gasto público de la energía eólica, ya que las investigaciones se encuentran repartidas por diferentes países entre la policía regional y fiscal. Los críticos exponen que las riquezas disponibles y los controles irregulares son un señuelo para toda una serie de políticos y empresarios corruptos que intentan literalmente sacar dinero del aire.
Caso "Lo que el viento se llevó"
En los últimos meses, los investigadores policiales han estado muy ocupados. Este año, cinco nacionalistas corsos fueron condenados a penas de prisión y a multas por desviar 1,54 millones de euros en subsidios europeos para parques eólicos. En Italia, donde se están desarrollando tres investigaciones, se arrestaron a 15 personas el pasado mes en un caso al que las autoridades conocían con el nombre cifrado de "Lo que el viento se llevó". Lo describían como un complicado esquema al estilo Ponzi para hacerse con hasta 30 millones de euros en ayudas de la UE. El atractivo es sencillo: la construcción de un aerogenerador estándar de 2 megavatios cuesta alrededor de 2,75 millones de euros y produce cerca de 275.000 euros al año para la venta de electricidad según la tarifa del mercado. Pero este beneficio puede duplicarse hasta 500.000 euros con los incentivos especiales por ley que pagan las empresas de servicios públicos como prima por generar energías renovables. En muchos países, los productores de energía eólica están recibiendo tarifas especiales de introducción de energía renovable a la red eléctrica por encima de las tarifas del mercado o condiciones especiales para firmar contratos durante un periodo de 15 a 25 años.
Richard Robb, inversor en parques eólicos en Francia y Alemania, afirma que incluso ante una carencia de viento, los inversores seguirán contando con un margen de beneficios por estas tarifas. En Alemania, su parque eólico puede percibir una tarifa de 83,6 euros por megavatio/hora mientras que el precio en el mercado libre oscila entre 30 y 70 euros, con lo que se llega a obtener un beneficio de hasta un 15 por ciento. En las Islas Canarias, donde existen 44 parques, los dos casos que se saldaron con los arrestos de las autoridades y los promotores por delitos de tráfico de influencia y sobornos se destaparon con miles de escuchas telefónicas. Los investigadores de la Guardia Civil escucharon conversaciones entre los promotores de Santa Lucía y las autoridades municipales acusadas de tramar un acuerdo secreto para intercambiar terrenos privados junto a la playa de Pozo Izquierdo por terrenos municipales, porque existían más posibilidades de que se concedieran subvenciones para parques eólicos en terrenos públicos. Estaban en juego hasta 40 millones de euros de un fondo que reparte la ayuda de la UE en las regiones españolas fuera de la Península.
En Sicilia: corrupción y comisiones ocultas
Se están realizando investigaciones similares en Sicilia, el lugar de nacimiento de la energía eólica en Italia. En la operación "Lo que el viento se llevó", las autoridades descubrieron un complicado esquema para recaudar dinero de la UE, según el coronel Mario Imparato de la Guardia di Finanza. Según afirma, en la trama estaba implicado un alto cargo bancario que verificaba los documentos para las subvenciones. El esquema incluía una elaborada red de empresas eólicas; una de ellas lograría la concesión de los fondos de la UE, utilizaría parte para la construcción y luego enviaría el resto a una empresa fuera de Italia, tal y como relata el Coronel Imparato. Las empresas extranjeras entonces moverían el dinero a otra empresa para que pudiera optar a un mayor flujo de subsidios de la UE. Otra investigación, denominada "Operación Aeolus" en el oeste de Sicilia, se saldó con la detención este año de siete personas que deberán ser juzgadas en enero. En ese caso, los abogados de la acusación alegan que el crimen organizado simplemente ha adoptado las técnicas de antaño como los sobornos para ganar dinero con las nuevas energías, por ejemplo, ofrecieron a un concejal 75.000 euros y un Mercedes para que votara a favor de un parque eólico. “El dinero es el rey”, afirma Andrew Campanelli, un investigador forense que trabaja para Deloitte Financial Advisory Services. “En una economía en recesión, las personas suelen necesitar más dinero. Y pueden recurrir a las energías renovables como un mecanismo para utilizar fondos obtenidos de forma fraudulenta”.
