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Esta mañana, se palpa la tensión en el ambiente tras el anuncio del gobierno de una nueva cura de austeridad que contempla reducciones severas en la renta y una bajada importante del nivel de vida, que afectan principalmente a funcionarios y jubilados, pero también a los empleados del sector privado. El primer ministro Yorgos Papandréu ha decidido seguir las órdenes impuestas por las potencias extranjeras, convertidas en soberanas de nuestro país: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE).
Medio siglo después de su creación, el Partido Socialista ha abolido las pagas extraordinarias de Navidad y Pascua, así como las vacaciones pagadas para funcionarios y jubilados; pagas que ha sustituido por una prima inferior, hasta el punto de que puede calificársela de caridad destinada a quedar reducida a la nada en virtud de los hechos, por lo que tampoco podemos descartar que no sea eliminada a su vez.
Pero cuando se trata de asestar golpes brutales y sin precedentes a la realidad social y en contra de los funcionarios, Papandreu sigue sin estar satisfecho: así, ha anunciado una reducción adicional de un 8% en los salarios del funcionariado, lo que conllevará un descenso del 20% de sus ingresos ¡en dos meses! Con estas medidas, cada funcionario perderá entre un 15 y un 30% de sus ingresos anuales.
Se trata, sin lugar a dudas, de las medidas más antisociales que haya conocido Grecia, al menos en este último siglo. Estas medidas contradicen además, descaradamente, las promesas electorales y postelectorales del primer ministro y del PASOK, algo que supone un enorme problema de credibilidad política tanto para Papandréu como para el gobierno en su totalidad. Desde el punto de vista económico, las medidas de austeridad afectarán a los derechos fundamentales, con el firme propósito de alcanzar el objetivo propuesto; esto es, la reducción del déficit público. De este modo, el PIB de nuestro país bajará un 4% este año.
En 50 años, esto no se había producido sino en una ocasión, en 1974, bajo el efecto conjunto de la crisis petrolífera, el caos que siguió al golpe de estado fallido en Chipre y la invasión del norte de la isla por parte del ejército turco, lo que provocó la caída del régimen de los coroneles y la amenaza de una guerra contra Turquía. Todo esto había provocado la caída del PIB un 6,4%. En la actualidad, las cosas son muy diferentes. Debemos revisar al alza la deuda pública: de 115% [del PIB] en 2009, debería alcanzar el 140 % en 2014.
Más allá del aspecto económico, está el aspecto ético de estas medidas: son tremendamente injustas. Algunos se han enriquecido saqueando las arcas públicas y, sin embargo, son los funcionarios y los jubilados los que deberán pagar los platos rotos. Nos enfrentarnos a una política violenta y que redistribuye mal la riqueza pública, que sólo recompensa la plutocracia. No hay ni un solo griego que no crea que existe un vínculo entre la deuda pública, el déficit del Estado y los recortes anunciados. Lo peor es que, apenas fueron anunciadas, estas medidas siguen sin convencer a los europeos, que no excluyen medidas adicionales si estas resultasen necesarias.
