Inmigración: La otra crisis griega

19 septiembre 2012
The Wall Street Journal Europe Bruselas

Un inmigrante somalí se asea en la playa, en Patrás, Grecia, 11 de mayo de 2009.
Un inmigrante somalí se asea en la playa, en Patrás, Grecia, 11 de mayo de 2009.

Grecia, además de sufrir la crisis y unas medidas de austeridad draconianas, también tiene que hacer frente con muy pocos medios a la llegada de miles de inmigrantes procedentes de Oriente Próximo y del subcontinente indio. Y en este sentido, tampoco recibe mucha solidaridad por parte de sus socios. Extractos.

PATRAS, Grecia—Es por la tarde en este importante puerto a unos 200 kilómetros de Atenas. Dos oficiales de la marina griega patrullan por los muelles con unos palos con espejos en los extremos, para poder ver debajo de los camiones. De momento, no han visto nada.

De repente, tres jóvenes aparecen detrás de un contenedor enorme y huyen por uno de los muelles. Los oficiales comienzan la persecución, pero el drama acaba antes de que haya empezado. En un minuto, los tres jóvenes, más rápidos y más desesperados, han logrado escapar a un destartalado complejo industrial.

Uno de los oficiales afirma que se trata de inmigrantes ilegales, que al parecer han pasado la noche en el muelle, esperando poder saltar a un ferry que les lleve hasta Italia. Son parte de la avalancha de trabajadores indocumentados que intenta llegar a Europa a través de Grecia y esquivar a las autoridades es sólo parte del proceso. "Día tras día, es la misma historia", se lamenta el oficial, intentando recobrar el aliento.

La "tierra de nadie de Europa"

Poco a poco, el país se ha convertido en un peldaño para la oleada de trabajadores del sur de Asia y de Oriente Próximo que huyen a los mercados de trabajo, cansados tras años de agitación gubernamental. 2011 fue un año extraordinario por los levantamientos en el norte de África y se registraron 140.980 personas que entraron en la UE de forma ilegal, un 35% más que el año anterior, según Frontex, la agencia de control fronterizo de la UE. De esas personas, el 40% llegó a través de Grecia. En julio de este año, se han detenido a 23.000 personas que intentaban cruzar la frontera de forma ilegal, alrededor de un 30% más que el año pasado.

El control fronterizo en Grecia no es un problema nuevo. El deterioro económico del país y las restricciones presupuestarias están dificultando muchos de sus esfuerzos para reducir el flujo de inmigración ilegal. La Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE, intentó acudir al rescate y comenzó a invertir 255 millones de euros (331 millones de dólares) en la protección fronteriza de Grecia en los dos últimos años. Pero esa cantidad sigue siendo inferior a la que se invierte en países con problemas fronterizos mucho menores. Y en cualquier caso, con los años de burocracia desmesurada y ahora las nuevas restricciones en la contratación de funcionarios en Grecia, se han quedado estancados algunos de los planes cuidadosamente trazados. Según una fuente confidencial de la UE, el país ha contratado únicamente a 11 personas para ayudar a procesar los casos de asilo, a pesar de que el año pasado se financiaron 700 puestos.

Si a esto se añaden unas condiciones deplorables en los centros de detención e inmigración, según las autoridades de la UE y los grupos de defensa de los derechos humanos, así como los crecientes disturbios domésticos por la llegada de los extranjeros, Grecia se enfrenta a otra crisis de inmensas proporciones. Las autoridades gubernamentales responden que están haciendo todo lo que pueden dadas las difíciles circunstancias. Nikos Dendias, el nuevo ministro de Orden Público del país, afirma que Grecia se toma muy en serio la protección fronteriza, pero que el flujo de inmigrantes es tan grande que se está convirtiendo en una crisis. Califica al país de "tierra de nadie de Europa" que soporta "una carga desproporcionada".

Aislar el país del resto de la zona Schengen

Johanna Mikl-Leitner, ministra austríaca de Interior, afirmó que la frontera de Grecia y Turquía está "tan abierta como la puerta de un establo" y su Gobierno mantiene que debe contemplarse la opción de dejar a Grecia fuera de la zona Schengen. Alemania, Finlandia y Países Bajos, los tres Gobiernos que han adoptado la posición más dura hacia Atenas en la crisis del euro, también han expresado en repetidas ocasiones su preocupación sobre la frontera griega. Los diplomáticos afirman que posiblemente apoyarán los planes de volver a introducir los controles de pasaportes para los viajeros que procedan de Grecia, de modo que efectivamente se aislaría al país con respecto al resto de la zona Schengen.

Gran parte del problema tiene lugar en la frontera del noreste de Grecia con Turquía, una falla geográfica de unos 128 kilómetros, dominada por el río Evros, que se ha convertido en la frontera más porosa y políticamente más poderosa de Europa. Pero para muchos inmigrantes ilegales, puertos como el de Patras constituyen la puerta de entrada de preferencia desde Grecia al resto de la Unión Europea. Desde aquí, cruzarán el mar Jónico y el Adriático hasta Italia, donde se quedarán o bien entrarán a hurtadillas a otros países. En la zona Schengen, los viajeros no tienen que mostrar ninguna documentación, pero algunos países están realizando cada vez más inspecciones al azar para detener a los inmigrantes ilegales al cruzar la frontera.

Aquí, en Patras, el tercer mayor puerto del país, a unos cientos de metros de los ferries atracados, el hedor de orina seca bajo el sol abrasador es un indicio de que hay ocupantes ilegales. Cerca de las antiguas vías de tren, un sendero sucio conduce hasta un centro industrial abandonado. La fábrica de Piraiki Patraiki, que fue un fabricante de textiles de fama en el país, estuvo habitada durante meses por decenas de inmigrantes ilegales, según las autoridades fronterizas. Además de personas llegadas de Afganistán y Pakistán, también había inmigrantes de Sudán, Marruecos y Somalia y unos cuantos de Costa de Marfil. Aunque hace poco la policía desalojó la fábrica, unos 80 hombres seguían durmiendo y comiendo en las salas destrozadas donde antes se tejía el algodón para su exportación.

"¿Cómo va a haber trabajos para nosotros?"

"Grecia no es Europa. Es Asia, es África, no es Europa", afirmaba en la destartalada fábrica Mohammed Ashar, de 23 años. Procede de Marruecos y pagó a un contrabandista kurdo en Turquía 1.500 euros (1.950 dólares) para atravesar el río Evros, pero le detuvieron en la zona griega y le llevaron a Fylakio, un centro de detención cercano. Allí, le tomaron las huellas dactilares y le registraron en la base de datos de las fronteras de la UE. En los documentos aparece su fecha de nacimiento: el día de Año Nuevo de 1989. Al igual que muchas de las personas que entran en Grecia, no sabe cuándo nació, por lo que se les registra con la fecha de nacimiento del 1 de enero.

En el documento también se indicaba que Ashar debía regresar a su país de origen transcurrido un mes, lo que plantea otro reto para Grecia y sus socios de la UE. En toda Europa, los inmigrantes ilegales pueden quedarse detenidos en centros desde unas horas hasta unas semanas, tras lo cual se les entregan documentos en los que se indican que están obligados a salir del país en el plazo de un mes. Con eso se ahorran el coste de devolver a los inmigrantes ilegales a sus países de origen y la mayoría de deportaciones se limitan a los que se descubre que permanecen en el país más de 30 días.

Como hicieron muchos otros antes que él, Ashar no volvió a su país. En lugar de ello, viajó hasta Alejandrópolis y a Atenas antes de llegar a Patras, donde escapó de la policía durante la evacuación de la fábrica abandonada. A finales de julio, tras nueve meses en Grecia, Ashar se coló en un ferry que le llevó a Italia, donde espera quedarse. "Si no hay trabajos para los griegos, ¿cómo va a haber trabajo para nosotros?", pregunta en un inglés con acento francés.

Aunque Grecia es el país que más soporta la presión política, no está del todo claro que el país tenga el mayor problema de inmigración ilegal en Europa. El año pasado, alrededor de 351.000 personas se encontraban en situación ilegal en la UE al permanecer en su territorio tras vencer sus visados, más del doble de los que llegaron a Europa sin documentos, según Frontex.

Fútbol político

La protección fronteriza es un asunto de soberanía nacional que la mayoría de Gobiernos europeos no están dispuestos a transferir a Bruselas. La Comisión Europea intenta actuar de árbitro para mantener la zona sin pasaporte, pero Cecilia Malmström, comisaria de Asuntos de Interior de la UE, comentaba que los debates sobre la inmigración son cada vez más complicados, dado el actual clima político de los Estados miembros.

En junio, los ministros de Interior de los Gobiernos de la UE insistieron en que se debería conferir a las autoridades nacionales el poder de volver a introducir los controles de pasaporte durante plazos de hasta dos años para aislar a un país de la zona Schengen si sufriera "graves deficiencias" en el control de sus fronteras. Su voto produjo un enfrentamiento enconado y aún no resuelto en Bruselas entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, la única institución de la UE elegida por el pueblo.

De hecho, la forma en la que la UE ha decidido distribuir sus fondos de financiación para la protección fronteriza se ha convertido en una especie de fútbol político y en una afirmación sobre su evaluación del uso que realiza Grecia de los fondos públicos. Las autoridades de la UE, aunque reconocen que están condicionadas por un presupuesto inflexible y a largo plazo, afirman que España e Italia juntas reciben más financiación porque logran gestionar mejor las solicitudes de asilo. Grecia sólo cuenta para todo el país con una oficina central de procesamiento, abierta sólo unas horas un día a la semana en Atenas. "En términos de asilo, Grecia carece de un sistema propiamente dicho", afirmaba una autoridad de la UE que quiso permanecer en el anonimato.

En un informe interno del pasado mes de abril, la Comisión Europea también culpaba a la conocida burocracia del Gobierno por ser "demasiado pesada" y por "impedir la liberación rápida" de los fondos de la UE. Las autoridades gubernamentales griegas afirman que están intentando aplicar reformas, pero que también han sufrido la prohibición de contratación impuesta por los acreedores internacionales para intentar frenar el gasto público del país. Sostienen que están intentando establecer un sistema más integrado para procesar los casos de asilo.

Un tráfico de 25.000 millones de euros al año

En una cafetería de la estación de tren de Alejandrópolis, un hombre que se identifica como un contrabandista de Argelia, nos describe el sistema de clases en la inmigración ilegal. Los sirios son los más adinerados y están dispuestos a pagar 10.000 euros para llegar a Noruega, Finlandia o Suecia y pedir asilo. Comenta que cobra 5.000 euros por un pasaporte griego falso y 1.500 euros sólo por cruzar el río.

Los contrabandistas mienten a los inmigrantes procedentes Bangladesh sobre sus perspectivas de futuro en Grecia. "Les dicen que en Atenas serán los reyes", afirma. "Pero cuando llegan, no hay ningún reino". Este hombre, que se hace llamar Nassim, cuenta que lleva en Grecia cinco años, donde él mismo también llegó de forma ilegal.

Malmström, la comisaria de Asuntos Internos de la UE, ha declarado que este tráfico en Europa se ha convertido en un sector que genera 25.000 millones de euros al año, algo tan lucrativo que es difícil de combatir. Entre otras acciones para lograrlo, comentaba, Europa comparte más información de inteligencia entre sus Estados miembros, mientras que Frontex, la agencia fronteriza de la UE, se ha convertido en una presencia constante en la frontera greco-turca y comparte funcionarios de los Estados de la UE para llevar a cabo misiones mensuales de vigilancia.

Pero los problemas no dejan de acumularse. Entre ellos se encuentra la deficiente cooperación entre la UE y Turquía en materia de inmigración. Las autoridades griegas no pueden devolver a los inmigrantes ilegales a Turquía, porque la UE y Turquía no han firmado ningún acuerdo de readmisión. En junio, los ministros de la UE acordaron iniciar las conversaciones para llegar a un pacto. Pero como Ankara exige que se conceda el derecho a los turcos de viajar sin visado en la zona Schengen, no se ha establecido ninguna fecha para una resolución final. E incluso dentro de la UE, la solidaridad no es la norma imperante.

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