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La semana pasada en el Reino Unido las noticias sobre el Consejo de Europaacaparaban todos los titulares. El martes votó por unanimidad su oposición a cualquier prohibición nacional del burka en los países de la UE, desafiando de esta manera los intentos de Francia y España de prohibir el velo religioso en espacios públicos. Los parlamentarios de los 47 Estados europeos que configuran su Asamblea declararon que la prohibición generalizada del burka negaría a aquellas mujeres que “de verdad desean hacerlo libremente” el derecho a cubrirse el rostro. El Consejo exigió además a Suiza que revocase su prohibición general de construir minaretes, que tildó de “discriminatoria”.
El jueves, una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que no puede garantizar el derecho al matrimonio homosexual. El caso, interpuesto por una pareja del mismo sexo en Austria, ha suscitado especial controversia en el Reino Unido, donde el ejecutivo se personó como tercero, preocupado por que una posible victoria de la pareja se tradujera en presiones para que el Reino Unido vaya más allá de su actual régimen de uniones civiles y permita estos matrimonios.
Un día después, el viernes, la prensa se hizo eco del posicionamiento del Consejo en contra de los dispositivos denominados Mosquito que emiten molestos sonidos de alta frecuencia, audibles únicamente por niños y jóvenes y que ya han instalado hasta el 25% de los ayuntamientos británicos. La Asamblea del Consejo hizo un llamamiento unánime a la prohibición de estos dispositivos, que catalogó de “sumamente ofensivos”.
Confundido con frecuencia
Las constantes misivas y decisiones de Estrasburgo pueden tener profundas repercusiones para el derechoy la política británicos. No obstante, pese a su creciente importancia, para la mayoría, el Consejo de Europa permanece envuelto en un halo de misterio. El Consejo, nacido en 1949 para proteger a los ciudadanos de Europa del tipo de violaciones de los derechos humanos presenciadas durante la Segunda Guerra Mundial, es la más antigua de las instituciones modernas europeas. Entre sus 47 Estados miembros figuran todos los países europeos, a excepción de Bielorrusia. Sin embargo, desde 1986 sufre un problema de imagen, debido, en parte, según su secretario general, Thorbjørn Jagland, a que comparte su bandera —12 estrellas doradas sobre fondo azul— con la UE.
No cabe duda de que actualmente la UE ocupa el lugar más destacado de las dos organizaciones europeas y, a menudo se confunde con el Consejo, mientras que el tribunal de la primera, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo, también se confunde habitualmente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sito en Estrasburgo. Por su parte, la situación física del Consejo como un miembro más del creciente predio de “institutions européenes” de la frontera franco-germana tampoco ha ayudado a aclarar la cuestión a ojos de los súbditos británicos.
El Consejo aumenta su poder
Jagland, antiguo primer ministro de Noruega y actual presidente del Comité Nobel que concede anualmente el premio de la paz del mismo nombre, afirmó que “era plenamente consciente” de que el Consejo tenía un problema de imagen y que pretendía centrarse en sus actividades fundamentales, incluidos el examen de la complicidad de los países europeos en casos de tortura y la inspección de sus centros penitenciarios. “Es un milagro contar con órganos de supervisión con derecho a entrar en cualquier cárcel europea”, me dijo. “¿Se imagina a Estados Unidos permitiendo a una organización internacional hacer lo propio?”
Mientras el gobierno de coalición sigue luchando por reconciliar sus nuevas políticas con sus obligaciones en materia de derechos humanos, el poder del Consejo se hace cada vez más evidente. Sin embargo, la respuesta que se necesitará para que la organización salga del ostracismo no está tan clara.
