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Dentro de poco, tendremos que disculparnos por ser quienes somos. Varios grandes países de Europa ven con angustia cómo se aproxima la fecha fatídica de 2014, el año en el que los búlgaros y los rumanos oficialmente ya no tendrán ninguna restricción para acceder al mercado laboral de otros países de la Unión Europea. Algunos imaginan ya la forma de impedírselo, de modo que estos ciudadanos europeos acabarían siendo definitivamente de segunda categoría.
La idea de Países Bajos de reparar "el error" de la adhesión prematura de Bucarest y de Sofía en 2007 intentando al menos cortar el paso hacia el espacio Schengen de libre circulación, encontró un firme apoyo en países como Alemania, Bélgica y Finlandia. Francia contribuyó en este sentido con su campaña contra los gitanos, acompañada de un creciente recelo hacia los búlgaros y los rumanos en general. Pero el que ha formulado claramente lo que todos tenían en la cabeza ha sido Reino Unido: que Sofía y Bucarest sigan formalmente en la UE (después de todo, en realidad no es posible expulsarles), pero que sus residentes se sometan a un nuevo régimen de visados. Una medida que va a disipar de golpe las inquietudes de los neerlandeses sobre la supresión de las fronteras internas, el asco de los franceses ante la llegada de los gitanos extranjeros y el miedo de los británicos de ver cómo les quitan sus empleos más precarios y peor pagados.
La libre circulación europea hecha pedazos
La coincidencia en el tiempo de dos sucesos distintos no es fortuita. El 7 de octubre, Theresa May, ministra británica de Interior, literalmente hizo pedazos el principal contrato europeo que estipula la libre circulación de personas, al proponer que este derecho se suprima para los residentes de "ciertos países". Está claro que se refería a Bulgaria y a Rumanía. Al día siguiente, el eurodiputado búlgaro Ivailo Kalfine (del Partido Socialista) hizo pública la respuesta del comisario de Asuntos Sociales, Laszlo Andor, a su petición del 11 de julio pasado para que analizara las discriminaciones de las que son objeto los búlgaros y los rumanos en Reino Unido. "Nada que señalar": es la conclusión de Bruselas tras dos meses de reflexión sobre el asunto.
Sin embargo, los hechos están ahí, basta con observar de frente la realidad. Desde comienzos de año, Londres puso en funcionamiento su formidable máquina burocrática para triturar a los candidatos extranjeros a algún puesto, haciendo que el procedimiento se alargue más de los seis meses reglamentarios, de modo que los búlgaros y los rumanos se ven obligados a acabar trabajando en negro.
Reino Unido es uno de los diez países que ha mantenido la prórroga máxima de siete años para abrir su mercado laboral a los dos últimos países en adherirse a la UE. ¿El motivo? La llegada masiva de búlgaros y rumanos amenazaría con desequilibrar el mercado británico. Según Eurostat, alrededor de cinco millones de extranjeros trabajan en territorio británico, de los cuales sólo 15.000 serían búlgaros. Varios analistas estiman que en realidad son mucho más numerosos, pero es poco probable que un país de 63 millones de habitantes sienta su presencia como un gran peso. Obligados a trabajar por sus propios medios, lo que quiere decir que aceptan remuneraciones inferiores al salario mínimo legal y que no cotizan en la seguridad social local, sólo son competencia para otros inmigrantes necesitados como ellos.
Una reciente investigación de la BBC demostró el escalón más bajo de este sistema, al grabar con una cámara oculta los infortunios de una empleada de limpieza originaria de Rumanía. En el momento en el que esta mujer pregunta por qué le pagan tres veces menos de la tarifa mínima por horas, el empleado de la agencia de trabajo rompe el contrato y la echa a la calle.
Una doble discriminación
Desde el punto de vista de los búlgaros honestos, la discriminación es incluso doble, ya que Europa les castiga por lo que sufren en Bulgaria. Están intentando cerrar la única salida a la crisis de estos últimos 20 años, es decir, la terminal de salidas del aeropuerto de Sofía, símbolo de la esperanza de que por muy mal que se viva en el país, se puede volver a comenzar bajo otros cielos más compasivos. Cerca de un millón de jóvenes ya han salido el país y otros sueñan con hacerlo. El cierre de las fronteras sin duda generará sentimientos antieuropeos en el país y al mismo tiempo empeorará sus problemas internos. El horizonte de los nuevos inmigrantes en potencia lógicamente se alejará hacia los países del nuevo mundo, pero ¿cómo va a contribuir esta situación a la identidad y al fortalecimiento de la nueva Europa?
Es evidente que, ante todo, los búlgaros deben enfocar su ira hacia sus dirigentes, que no sólo son responsables de su desgracia en el país, sino también de su mala imagen por todo el mundo. Nuestro primer ministro Boiko Borissov, que en el extranjero pierde toda su aura de hombre providencial, podría preguntar a su homólogo británico David Cameron si es así como demuestra su relación de amistad, como se percibió el pasado 7 de agosto en Londres. ¿Acaso no se tuteaban? "Nos hemos puesto de acuerdo con David…", "Le he dicho a David…", fanfarroneaba Borissov tras su visita a Downing Street. Pues que coja el teléfono y le diga: "Bueno, David, ¡ya basta!".
