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La votación en la Cámara de los Comunes del miércoles sobre la reducción del presupuesto de la UE podría suponer un giro decisivo en los 40 años de historia de presencia británica en la Unión Europea. Aunque el Gobierno puede argüir que se trata de una decisión no vinculante, desde el punto de vista político resulta inconcebible que David Cameron pueda aceptar una mera congelación del gasto en términos reales durante las negociaciones en Bruselas este mes.
Cameron confía en que, con el apoyo de otros países miembros, pueda garantizar un acuerdo de aumento de los fondos comunitarios vinculado al ritmo de la inflación para los próximos siete años. Con todo, esto implica seguir dando más dinero a la UE y los diputados temen que se les intente engatusar con promesas de reformas futuras. En un momento en el que numerosos departamentos del Gobierno, ayuntamientos, hospitales, policía y demás entidades públicas se ven obligadas a realizar importantes recortes, consideran inaceptable que la UE no haga lo propio. De hecho, no debería ser ni siquiera objeto de negociación. La Cámara de los Comunes ha hablado en nombre de un pueblo que se ve obligado a hacer unos sacrificios que la sobredimensionada burocracia de Bruselas se niega a considerar.
Por otro lado, también es cierto que el apoyo de la oposición a la enmienda propuesta por el diputado conservador Mark Reckless apelando a un ajuste presupuestario revela un profundo cinismo. En los 13 años de Gobierno laborista, el aumento del gasto de la UE fue superior a la inflación y buena parte del merecido reembolso que le correspondía al país fue cedido a cambio de reformas de las subvenciones agrícolas que nunca se llegaron a realizar. Cuando los laboristas abandonaron el poder, la contribución neta de Gran Bretaña había aumentado en un 47%. El hecho de que los laboristas reclamen ahora que la EU debe reducir su gasto es puro oportunismo.
Con todo, la suerte está echada. Cameron puede lamentar la derrota del miércoles pero ha llegado la hora de que Gran Bretaña tome medidas para evitar el derroche y la incontinencia fiscal de la Comisión Europea. Greg Clark, secretario de Estado del Tesoro británico, indicó a los diputados que la Comisión había ignorado la solicitud de Gran Bretaña de valorar una serie de posibles recortes en su partida de gastos administrativos alegando que su personal excesivamente remunerado estaba demasiado atareado. En un momento en el que los propios gobiernos nacionales se ven obligados a efectuar drásticos recortes y algunos Estados miembros son de hecho insolventes, semejante descaro no debería tolerarse.
La derrota del miércoles no es sólo de índole económica. Debe entenderse dentro de un contexto más amplio sobre el futuro de Gran Bretaña dentro -pero cada vez más alejada- de la UE. Con ministros como Michael Gove [ministro de Educación] cuestionando abiertamente las ventajas de nuestra pertenencia a la UE, es cada vez más patente el sentimiento de que, tras cuatro décadas en la Unión Europea, nos encontramos en una encrucijada. Cabe al Gobierno tomar la buena dirección.
Negociaciones presupuestarias
Europa está de liquidación
“El resultado de las negociaciones del presupuesto de la UE dependerá de tres asuntos muy sensibles: el tamaño del presupuesto, su redistribución y los descuentos nacionales”, señala Radovan Geist, editor jefe de Euractiv.sk, en Pravda. Y añade que
Los tres giran en torno a la misma pregunta: ¿cuánto estamos dispuesto a pagar por el futuro común? El aspecto del descuento parece ser la prioridad política puesto que los líderes tienden a pensar que pueden conseguir ese futuro con rebajas.
Uno de los ejemplos más significativos, recuerda Geist, es el descuento británico que Thatcher negoció en 1984 y que continuó aplicándose durante siete años más, a pesar de que Gran Bretaña ya “no era un Estado miembro pobre” o uno de los mayores contribuidores per cápita. Otros Estados miembros también disfrutan de sus descuentos, incluidos Alemania, Países Bajos y Suecia, y todos ellos están entre los mayores contribuyentes tanto en términos de cantidades absolutas como per cápita. Hace escasos días, Dinamarca, el segundo país que más aporta per cápita, pidió una rebaja del presupuesto. Francia e Italia, el segundo y el tercer contribuyente en términos absolutos respectivamente, no se han posicionado todavía, pero esperan que se les realicen compensaciones en forma de concesiones en agricultura o política regional. Y Finlandia puede que también exija lo propio ya que
los líderes europeos olvidan que el gasto de la UE es en primer lugar y sobre todo una inversión en los objetivos que fijan todos los Estados miembros. [...] En lugar de una Europa de rebajas, puede que termine siendo una Europa malvendida en liquidación de stock.
