Un Estado no existe porque cuente con el reconocimiento internacional, sino que la existencia de dicho Estado es lo que determina su reconocimiento. Si el Tribunal Internacional de Justicia , ante la apelación de Serbia, valida hoy la independencia kosovar, será el mismo Kosovo y no otro Estado, quien se encontrará ante esta situación y ante todo lo que implica. Si la secesión de Kosovo se considera ilegal, el principal problema será para Serbia, ya que una hipotética reintegración de la región separatista en el orden serbio supone costes casi insoportables. Así, en ambos casos, para dejar de ser un semi-protectorado [de la ONU y de la UE], Kosovo deberá demostrar que es más que un semi-Estado fracasado.
Independientemente de la opinión del Tribunal, es poco probable que cambie la posición de la comunidad internacional. Los Estados que han reconocido a Kosovo no van a retractarse, pues con su apoyo cobra fuerza la idea de que el problema es político y no jurídico, por lo que la solución legal sería excepcional e incapaz de hacer jurisprudencia. Los que no lo reconocen [dentro de la UE, Eslovaquia, Rumanía, España, Chipre y Grecia, y también de forma destacada Rusia y China], seguirán manteniendo dicha posición y añadirán que no hay motivos para reconocer a una entidad que no cumple los criterios objetivos para ser un Estado. Sin embargo, es más probable que el Tribunal Internacional de Justicia, que sabe que se ha recurrido a él simplemente para plantear una consulta, formule un punto de vista neutro del que cada uno sacará provecho. Confirmará el estancamiento jurídico en el que nos encontramos y del que se ha hecho caso omiso tras la declaración de independencia el 17 de febrero de 2008, ya que el sentido común imponía seguir la agenda política de las potencias euro-atlánticas.
Esta agenda, hoy ya desfasada, consideraba que el desmantelamiento de Yugoslavia y la albanización de los Balcanes del Oeste constituían una garantía para el orden mundial unipolar o la posibilidad de reconstituir la Europa multicultural y no la creada a partir del Tratado de Versalles. La situación fue cambiando sobre el terreno. Cinco Estados miembros de la UE no han reconocido a Kosovo y tampoco tienen motivos para hacerlo, por lo que es imposible que se inicien las negociaciones sobre la adhesión de Kosovo a la UE. Al mismo tiempo, en Kosovo se ha desarrollado un régimen dominado por la corrupción y el crimen organizado, que intimida tanto a la sociedad civil como a la oposición, se basa en el clientelismo, borra el límite entre la política y los negocios y destruye la confianza en las élites y el futuro. Los extranjeros hacen oídos sordos porque valoran demasiado "la estabilidad". En lo que respecta a Serbia, la mitología kosovar, más que el principio de integridad territorial, les ha hecho perder la razón de tal modo que excluye cualquier otro desenlace.
Para salir del atolladero confirmado por el Tribunal Internacional de Justicia, se debería pensar en convocar una conferencia sobre los Balcanes del Oeste, bajo los auspicios de la UE y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, durante la cual se debería considerar la celebración de un debate entre las entidades surgidas tras el desmantelamiento de Yugoslavia sobre sus relaciones específicas futuras en el contexto de la UE. Volver al statu quo anterior no es realista y mantener el actual, inaceptable. Por lo tanto, debemos definir en común un statu quo futuro, diferente, que se base en principios post y transnacionales. El fracaso del plan Ahtisaari [en 2007, Martti Ahtisaari, mediador de las Naciones Unidas para Kosovo, propuso la creación de un Estado kosovar supervisado por la comunidad internacional] aún puede convertirse en una nueva oportunidad, pero sólo con un nuevo comienzo.