Una oficina de empleo en el barrio de Kreuzberg, en Berlín, en abril de 2012.

Sin frente común contra el paro

Las últimas cifras son implacables: el desempleo llega a niveles récord en la eurozona, con un 11,8% de la población activa sin empleo. Pero hasta ahora, los países europeos siguen siendo incapaces de armonizar sus políticas sociales para intentar salir de la crisis.

Publicado en 15 enero 2013 a las 12:14
Una oficina de empleo en el barrio de Kreuzberg, en Berlín, en abril de 2012.

Cuatro años tras el inicio de la crisis, Europa sigue enfrentándose a un mercado laboral deprimido. Faltan aún 2,7 millones de empleos en la eurozona para volver al nivel de 2008 y 2,8 millones en la Unión Europea. En el conjunto de la Unión, el número de desempleados aumentó 8 millones en cuatro años y el índice de paro pasó del 7,1% al 11,8 %.

El desempleo no ha afectado a todos los países por igual. La caída del empleo ha sido vertiginosa en los países más afectados por la crisis financiera, o que son presa de un endeudamiento público excesivo: Irlanda y España han perdido uno de cada seis empleos desde 2008, Grecia uno de cada siete y Portugal uno de cada diez. Fuera de la eurozona, los países bálticos y Bulgaria también han pagado un alto precio. En cambio, Polonia, Bélgica, Alemania, Austria y Suecia han salido mejor parados y han logrado superar su nivel de 2008. Entre estos dos grupos, Francia se encuentra ligeramente por encima de su nivel de antes de la crisis, según los datos de Eurostat.

El ajuste por el trabajo temporal

¿Cómo se pueden explicar estas divergencias? Lo que ha marcado la diferencia es la política de empleo adoptada y no sólo la intensidad de la recesión de 2009. En lugar de armonizar sus respuestas ante la crisis, los Estados europeos efectivamente han elegido estrategias distintas. Con más o menos éxito.

En algunos países, el ajuste del empleo por el descenso en la actividad ha sido total. Ante la disminución en los pedidos, las empresas han ajustado rápidamente sus plantillas para mantener los márgenes. Es lo que ha sucedido en Reino Unido, donde el mercado laboral es muy flexible. En España y en Dinamarca, el empleo ha descendido en mayor medida que la demanda a las empresas, lo que se ha traducido en importantes aumentos en la productividad y un fuerte crecimiento del desempleo. Los trabajadores temporales han sido en muchos casos los que han servido de variable de ajuste y no se han prorrogado sus contratos. Por lo tanto, en los países con mayor flexibilidad en su mercado laboral es donde el índice de desempleo se ha disparado con más rapidez.

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En cambio, en otros países el ajuste del empleo sólo ha sido parcial. Ante el descenso de la demanda, las empresas han preferido disminuir el número de horas trabajadas o la remuneración de sus asalariados, en lugar de despedirles. Esta ha sido la estrategia más utilizada en Alemania, Bélgica e Italia, gracias al recurso intensivo del desempleo parcial. También ha sido el caso, aunque en menor medida, de Francia. Cuando ha disminuido la actividad, los esfuerzos los han compartido todos los asalariados de una misma empresa, en lugar de asumirlos los empleados que habría que despedir.

Un completo rompecabezas

También se han adoptado otros tipos de políticas. En Austria, por ejemplo, se ha optado por subvencionar hasta comienzos de 2011 los empleos de baja o nula cualificación. Por lo general, los trabajadores con menor cualificación son los primeros sacrificados. Hungría, Eslovaquia, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Francia y España también han apoyado la demanda de empleo, para favorecer la contratación de jóvenes, de personas de edad avanzada o incluso de trabajadores poco cualificados, pero de forma más leve y con resultados menos positivos.

En cambio, el recurso a los empleos subvencionados, financiados en la mayoría de los casos por el poder público, ha sido limitado. Su número incluso ha descendido un 15 % entre 2007 y 2009 en la Unión Europea. Por último, la formación profesional ha sido la herramienta movilizada en mayor medida. Pero, excepto este consenso relativo a la formación, la crisis no ha servido para armonizar las políticas sociales en Europa. Algunos Estados siguen apostando por el no intervencionismo, mientras otros intervienen en exceso. En 2010, los gastos en políticas de empleo oscilaban entre el 0,7 % del producto interior bruto (PIB) en Reino Unido al 3,9 % en España, pasando por el 2,3 % en Alemania, el 2,5 % en Francia, el 3,4 % en Dinamarca o incluso el 3,8 % en Bélgica.

En este contexto, la idea defendida por Francia y estudiada por la Comisión de instaurar un sistema de prestaciones por desempleo a escala europea es un completo rompecabezas. Porque en materia de indemnización por desempleo, la discordancia es total. De un país a otro, las normas son distintas y los sistemas más o menos generosos.

Orientación menos social

Aunque un régimen europeo de prestación por desempleo no llegaría a sustituir a los sistemas nacionales, sino que más bien adoptaría la forma de una prestación base completada por cada país, la armonización que sería necesaria en lo relativo a la cobertura y a las condiciones de elegibilidad no aportaría ninguna ventaja. Sobre todo porque, ante los fuertes recortes presupuestarios, la mayoría de los Estados han reformado recientemente su sistema de prestaciones por desempleo en un sentido poco ventajoso para los desempleados.

De este modo, Dinamarca ha reducido la duración de la indemnización por desempleo de cuatro a tres años en 2010. Francia hizo lo mismo en 2009, reduciéndola de tres a dos años. En España, la cantidad de la prestación se ha reducido un 10 % a partir del séptimo mes. En Portugal, se ha bajado el límite de la indemnización, la cantidad es decreciente y la duración se ha reducido. Sólo Bélgica, que en este sentido va a contracorriente, ha vuelto a aumentar la cantidad de la prestación y ha facilitado el acceso de los jóvenes a la prestación por desempleo.

Por lo tanto, los países europeos han adoptado en general una orientación menos social. Sin embargo, los sistemas de indemnización por desempleo tienen un interés económico y no sólo social. Sin este amortiguador, la crisis habría causado más estragos. Incluso la OCDE ha acabado por reconocerlo. Deshacer esa red de seguridad mientras Europa aún no está fuera de peligro es correr el riesgo de hundirse un poco más en la inmovilidad económica.

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