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La esperanza de lograr una agricultura europea más respetuosa con el medio ambiente y por lo tanto más justa, tanto para el contribuyente como para los que optan por modos de producción sostenibles, acaba de recibir un duro golpe. El 28 de enero se dio un paso crucial en Bruselas en el largo y complejo proceso que desembocará, a partir de 2014, en la nueva Política Agrícola Común (PAC), el instrumento que decidirá el futuro de nuestra alimentación.
Desde hace 50 años, cerca de la mitad del presupuesto europeo se destina a la PAC. Su reforma constituye una oportunidad de cambio de paradigma, hacia una agricultura menos orientada hacia el productivismo y más respetuosa con los terrenos, los recursos naturales, los agricultores y los ciudadanos. Hasta ahora se ha dado preferencia a prácticas agrícolas perjudiciales para la fertilidad de la tierra, para el medio ambiente, los paisajes, el cambio generacional y la biodiversidad, pero también profundamente injustas con respecto a terceros países menos favorecidos.
De este modo, los europeos, sin ser conscientes de ello, han apoyado un sistema productivo no saludable y que al final pagarán dos veces: primero al pagar las subvenciones y luego al pagar los costes para reparar los estragos causados en la salud, en la seguridad de los territorios, así como en la calidad del aire, del agua, de los terrenos y los alimentos. La antigua PAC habría sido un fiasco total.
Se queda en una capa de pintura verde
Los días 23 y 24 de enero, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo votó las enmiendas al proyecto de la reforma de la PAC presentado hace ya más de un año. Dicha Comisión decidió bloquear, edulcorar o borrar la mayor parte de las medidas destinadas a conferir un carácter más sostenible a nuestro sistema de producción agrícola. Ahora, la pelota está en el campo de los Gobiernos que tendrán que fijar en febrero el nuevo presupuesto destinado a la PAC (con unos recortes oscuros y probables que no harán sino agravar la situación) y sobre todo en el campo del Parlamento que, durante su sesión plenaria en marzo, aún tendrá la posibilidad de corregir el rumbo incorrecto que se ha fijado.
Por ejemplo, se podrían introducir unas medidas denominadas de "greening" [ecologización] a favor del medio ambiente. Gran parte del pastel de la PAC se ha repartido siempre en función de la superficie de las explotaciones. Al cabo de los años, este sistema ha acabado favoreciendo a las explotaciones más grandes, que sin embargo no suelen destacar por ser respetuosas con el medio ambiente: un jugoso ingreso catastral para la industria agroalimentaria.
En cambio, la introducción de la ecología en el proyecto de reforma sería toda una revolución: obligaría a las explotaciones grandes y muy grandes a aplicar prácticas sostenibles, como la rotación de cultivos o el mantenimiento de los pastos y de áreas con una función ecológica.
Pero las enmiendas realizadas han hecho de estas disposiciones ecológicas unas medidas de geometría variable: la Comisión las fue desmontando una a una e introdujo una multitud de derogaciones que las hacen inútiles.
El "greening" [o ecologización] se ha transformado en un "greenwashing" [una capa de pintura verde]. Con las nuevas normas, el 82% de las explotaciones agrícolas europeas estarían exentas de aplicar esas buenas prácticas medioambientales de carácter obligatorio. Por otro lado, si era justo que las explotaciones con certificación de agricultura biológica se clasificaran automáticamente entre los actores "virtuosos" del sector, ahora lo será menos, ya que se considera que otras prácticas "ecológicas", aunque menos, también equivalen a la categoría "biológica" y pueden optar a las subvenciones.
Una oportunidad de invertir el rumbo
Hay otros muchos puntos que criticar como, por mencionar alguno, la posibilidad de recibir una doble subvención por un mismo tipo de medida ecológica o el hecho de que la obligación de dedicar el 7% de la explotación a zonas de protección ecológica se haya modificado para reducir esta cifra al 3%. Son muchos los elementos negativos que contrarrestan las escasas medidas positivas que se han salvado, como los pocos recursos complementarios asignados a los jóvenes que se inician en la agricultura, la introducción de un límite de 300.000 euros en las subvenciones de los grandes propietarios de terrenos (por citar un nombre conocido, la reina de Inglaterra recibía 8 millones de euros al año), o incluso la adopción de una definición más correcta del término "agricultor activo", para evitar que otras partes, como aeropuertos o campos de golf, se beneficien de la financiación destinada a la agricultura.
Siempre y cuando el proyecto de reforma no se esfume por las decisiones presupuestarias que se tomarán en febrero, el Parlamento Europeo tendrá una ocasión histórica de invertir el rumbo, del 11 al 14 marzo. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, el Parlamento podrá intervenir en esta negociación y por lo tanto debemos presionar a nuestros diputados para que no se repita el error de apoyar este viejo paradigma que, lejos de servir al interés general, favorece los peores métodos de producción.
No es justo emplear recursos públicos en interés de una minoría. Bajo el llamativo lema de "Go M.A.D." [Go Meet a Deputy, Vayan a ver a un diputado], se inició la movilización europea, a la que también se une Slow Food. Esta acción nos brinda la oportunidad de ponernos en contacto con nuestros parlamentarios para explicarles la importancia de la sesión del próximo mes de marzo y que no se dejen influir por los lobbies de la industria agroalimentaria. Los ciudadanos pueden convertirse en actores clave y es fundamental que participen en el debate antes de que sea demasiado tarde. Está en juego el futuro de nuestra alimentación, de los lugares en los que vivimos y de nuestro bienestar.
