Sarkozy es duro, pero el Estado es débil

La expulsión de los gitanos por parte del presidente Nicolás Sarkozy ha levantado gran revuelo tanto dentro como fuera de Francia. Obviamente, las imágenes de la policía francesa evacuando campamentos romaníes son impactantes y censurables: unos 40 campamentos han sido desalojados y 700 personas se ven amenazadas con la expulsión. Con todo, esta campaña no es el producto de un complejo agresivo o racista que aqueja de repente al presidente francés, es más bien el resultado de la peculiar situación que se vive en el Estado galo.

Francia fue en tiempos el país más centralizado de Europa; convirtió la burocracia en un arte, construyendo una intrincada red de instituciones públicas de elite que iban desde el presidente en funciones hasta el alcalde de cada ciudad y pueblo. Actualmente, el Estado francés se halla considerablemente debilitado. Hay muchas regiones – conocidas como “áreas sensibles” – habitadas mayormente por población inmigrante, en las que el Estado tiene poca o ninguna presencia y donde la policía sólo entra si va fuertemente armada.

En estas áreas siempre hay una tensión latente a punto de explotar. Es justo un incidente de este tipo el que subyace bajo la expulsión de los gitanos. El pasado 16 de julio, un joven romaní pasó con su coche por un puesto de control en Saint Aignan (Loira), llevando un agente de policía en su capó. Al pasar por el siguiente punto de control fue disparado por la policía. Al día siguiente, 50 personas de etnia gitana atacaron una comisaría de policía y otros edificios gubernamentales armados con hachas. En respuesta a estos incidentes, Sarkozy criticó “cierto tipo de comportamientos entre estas gentes itinerantes” y anunció que los residentes de campamentos ilegales serían expulsados.

El doble de gitanos en España que en Francia

Otro incidente similar llevó a Sarkozy a tomar la segunda iniciativa veraniega de peso: su plan para privar de nacionalidad a aquellos ciudadanos franceses de “origen extranjero” que cometan delitos graves. Dicha decisión se tomó después de que la policía disparara a un ladrón armado en Grenoble, lo que desencadenó varias noches de alborotos y revueltas en el distrito obrero e inmigrante de la ciudad: “¡Esto es Beirut! ¡Juro que es Beirut!”, exclamaba una mujerde la localidad entre el chirrido de los coches de la policía y el estruendo de los helicópteros que sobrevolaban el lugar. Similares escaladas de violencia podrían ocurrir en cualquier momento en muchas zonas de Francia. Incluso algo tan trivial como que la policía arreste a un motociclistapuede desembocar en una cadena de acontecimientos en la que ciudadanos y agentes de policía se enzarcen en una batalla campal.

Estos sucesos no son producto del desgobierno inherente a las poblaciones de inmigrantes. En realidad, hay casi el doble de gitanos en España que en Francia (725.000 frente a 400.000), y unos 300.000 en el Reino Unido. Pero sólo en Francia se produce una tensión extrema entre dicha etnia y el Estado, y esta circunstancia es sin duda el resultado de la política del Estado francés y de sus relaciones – o de la carencia de las mismas – con las poblaciones de inmigrantes.

A diferencia de Gran Bretaña, Francia no ha conseguido formar nuevas instituciones estatales intermediarias para subsanar la inquietud gubernamental en torno al orden social. En el Reino Unido, el Estado ha desarrollado un verdadero arsenal de instituciones dedicadas a combatir las actitudes antisociales, incluyendo nuevos poderes estatales locales (órdenes y decretos relativos al comportamiento antisocial, zonas de disturbios, multas in situ); nuevas autoridades estatales (funcionarios de apoyo a la comunidad, vigilantes de barrio). Si bien es posible que estas medidas tengan un propósito poco productivo, cuando menos han conseguido restablecer nuevos tipos de contacto entre comunidades tan dispares y el Estado, además de servir a una función disciplinar.

Mano dura con el extrarradio

Cuando Sarkozy intentó cerrar “contratos de seguridad local”, el presidente lamentósu más que discreta acogida: “22 firmados en 2007, 8 en 2008 y 1 en 2009”, una medida que en el Reino Unido sin duda habría sido alegremente recibida por las autoridades locales. Francia dispone de la impresionante arquitectura característica de un Estado centralizado – instituciones y redes de servicio público de primera categoría – pero éstas se ven a menudo abandonadas a su suerte y están desconectadas de la sociedad.

Allá donde fracasaron otras tentativas para tender puentes, Francia ha ido militarizando cada vez más su relación con los sensibles extrarradios urbanos. Mientras que Gran Bretaña dispone de “funcionarios de apoyo a la comunidad” – quienes se pasean ataviados con sus chaquetas de talla equivocada y reprenden a los ciudadanos que tiran al suelo sus chicles – Francia tiene que conformar “brigadas anticriminales”, que básicamente son una fuerza muy bien armada entrenada para el combate callejero.

La gente que habita en dichas áreas sensibles ve a estas brigadas armadas como si fuera un ejército invasor extranjero. Y no sólo son los jóvenes quienes reaccionan de esa manera. “¡Volved a casa!”, exclama una mujer mayor al ver como hileras de policías llenan las calles de Grenoble. En otro incidente una madre fue arrestada por morderle la pierna a un agente de policía. Estas confrontaciones son literalmente una “guerra” librada entre la maquinaria pesada del Estado y una población que se siente marginada.

Los gitanos, cabezas de turco

Tal y como recalca el sociólogo Denis Muzet, la etnia romaní simboliza sobre todo el desorden al que el Estado declara la guerra. Por otro lado, la ley que pretende desproveer de nacionalidad a los franceses de origen extranjero demuestra que el objeto en disputa es específicamente la hostilidad contra el Estado. Los delitos por los que se pretende desnacionalizar a un individuo engloban principalmente ataques contra los representantes del Estado, no sólo perpetrados contra agentes de policía sino contra otros funcionarios públicos.

Durante todo el verano, Sarkozy y sus ministros participaron en diversos eventos mediáticos, a través de los cuales el Estado pretendía recuperar el terreno perdido. El ministro del Interior Brice Hortefeux patrulló personalmente las calles de Grenoble con la policía nocturna, como si escenificara que él en persona devolvería la seguridad a la nación. Las imágenes de los representantes del Estado reclamando el control sobre áreas al margen de la ley estaban dirigidas al gran público. Hortefeux lo expuso claramente en una entrevista: “En realidad, la acción emprendida bajo la autoridad del presidente de la República volverá a unir a los franceses.”

Los ataques a los símbolos del desorden – los gitanos o los delincuentes – van dirigidos a la mayoría de la población, de la cual el Estado también está distanciado, pero el problema, como expone Muzet, “es que se trata simplemente de un gesto presidencial sin un efecto real en la vida cotidiana de la gente”. Las encuestas de opinión apenas fueron tenidas en cuenta en medio de esta ofensiva veraniega. Dado que se trató solo de una actuación que los ciudadanos franceses presenciaron en TV, dichas encuestas no lograron movilizarles. El principal resultado de estos ataques simbólicos ha sido agravar aún más las relaciones entre el Estado y las minorías y acentuar la distancia entre las fuerzas del orden y los ciudadanos.