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Cuando un grupo de defensores medioambientales comenzaron a realizar un seguimiento de un pesquero surcoreano de alta tecnología en la costa de África Occidental, buscaban pruebas de pesca ilegal de los cada vez más escasos bancos de peces africanos. Pero lo que descubrieron fue algo totalmente distinto: una degradación humana tan extrema que se asemejaba a la esclavitud que pensaban que se había abolido hace más de un siglo.
"Era horrible", comentaba Duncan Copeland, uno de los principales activistas de la Fundación para la Justicia Medioambiental o EJF (Environmental Justice Foundation). "Los hombres trabajaban en la bodega, sin aire ni ventilación, a temperaturas de entre 40 y 45 grados. Estaba todo oxidado, grasiento, el ambiente era caluroso y sudoroso. Había cucarachas por todos los lados en las galeras y la comida la tenían en unas cajas repugnantes. Lo único que tenían para lavarse era una bomba de la que salía agua salada. Apestaban. Era desgarrador".
A medida que prosiguió la investigación, la EJF se encontró con muchos más barcos, algunos de hasta 40 años, oxidados y en un estado lamentable, que realizaban tareas de pesca pirata, un comercio ilegal que daña los ya frágiles bancos marinos y explota a personas en pésimas condiciones. Los barcos implicados llevaban permisos de la UE, lo que indica que contaban con la licencia para importar a Europa al cumplir supuestamente las estrictas normas de higiene.
Sobras de pescado en lugar de un salario
Los 36 miembros de la tripulación del barco abordado por Copeland procedían de China, Vietnam, Indonesia y Sierra Leona. Ocho hombres compartían un área minúscula sin ventanas en la bodega, con cuatro "camastros" de cartón sobre unas tablas. Cuatro de ellos trabajaban en la bodega clasificando y embalando el pescado para el mercado europeo, mientras otros cuatro dormían y se iban alternando, literalmente sin parar hasta que el siguiente grupo les relevaba.
Los miembros de la tripulación de Sierra Leona afirmaban que no les pagaban con dinero, sino con cajas de pescado "basura", es decir las capturas accesorias rechazadas por el mercado europeo y que luego ellos vendían localmente. Si alguien se quejaba, el capitán le abandonaba en la playa más cercana, comentaban.
En mayo, se descubrieron a unos 150 senegaleses trabajando en un barco en las costas de Sierra Leona: trabajaban 18 horas al día y hasta por la noche, comiendo y durmiendo en espacios de menos de un metro de altura. La embarcación llevaba un número de licencia para importar el pescado a la UE, lo que demostraba que aparentemente había pasado las estrictas normas de higiene.
Tripulaciones atrapadas en la inmensidad del océano
La EJF también encontró varios barcos pesqueros de refuerzo en el mar, con la tripulación aún a bordo y algunos de los cuales llevaban allí más de un año sin radio ni equipos de seguridad. "La empresa nos envío aquí", comentaba un pescador de un barco en la costa de Guinea. "La empresa manda un barco con suministros para traer alimentos como pescado y gambas. Nadie quiere venir aquí".
Los relatos de los pescadores revelan el impacto humano de la pesca pirata, un negocio que se estima que captura al menos 11 millones de toneladas de pescado al año y cuya cuantía asciende a 10.000 millones de dólares [4.300 millones de euros]. Los barcos permanecen en el mar durante meses y meses y una serie de embarcaciones llegan hasta ellos cada dos o tres semanas para descargar las capturas y suministrarles alimentos. Como operan en aguas remotas, pasan desapercibidos sin que se detecte su actividad durante largos periodos de tiempo. La tripulación se encuentra literalmente presa, la mayoría de los miembros no sabe nadar y el trabajo realizado por muchos de los entrevistados por EJF se ajusta a la definición de la ONU de trabajo forzoso. Según Copeland son comunes los casos de violencia, así como de retención de pagos y documentos.
Los investigadores descubrieron una tripulación de 200 senegaleses que operaban en las costas de Sierra Leona en 2006. Los hombres vivían en una improvisada estructura levantada en la popa del barco, dividida en cuatro niveles, con apenas un metro de altura y cajas de cartón apiladas que servían de colchones. El barco no constaba en la lista oficial de embarcaciones con licencia para pescar en Sierra Leona en el momento de su descubrimiento. Los registros demuestran que había llegado a Las Palmas, en las Islas Canarias, el mayor punto de llegada del pescado de África Occidental para su introducción en Europa y que ha recibido la críticas de las autoridades de la UE por su régimen de inspección poco estricto.
Cambios de nombre y de bandera
Pero el interés original de los investigadores, es decir, el estado de los bancos de peces, también era preocupante. Varios de los barcos abordados por EJF son barcos de arrastre, con licencia para importar a la UE y que pescan especies de alto valor, como gambas, langostas y atunes. Estos barcos arrastran pesadas cadenas por el fondo marino, destrozando todo lo que encuentran a su paso, incluido el coral. En uno de los casos, la embarcación había tirado más del 70% de su captura por la borda.
La EJF cree que la mayoría de la pesca ilegal la realizan barcos con banderas de conveniencia. Según las leyes marítimas internacionales, el país en el que se registra una embarcación es responsable de sus actividades. Algunos países permiten que se registren en ellos embarcaciones de otras nacionalidades por unos cientos de dólares y luego hacen caso omiso de sus infracciones.
Los barcos piratas cambian de bandera varias veces durante la temporada y con frecuencia también cambian de nombre. A menudo les respaldan empresas ficticias, por lo que resulta muy complicado descubrir a los propietarios reales y la aplicación de la ley es extremadamente difícil. La multa máxima por pesca ilegal es de unos 100.000 dólares [72.000 euros] y según EJF, normalmente es menos que las ganancias de dos semanas en este comercio.
