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La Comisión Europea repitió el lunes 10 de junio que estaba "preocupada" por el asunto PRISM, el programa estadounidense de vigilancia electrónica dirigido por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) con el que podía acceder a datos de extranjeros, sobre todo europeos.
La comisaria de Justicia, Viviane Reding, inusualmente discreta, no ha señalado directamente a Estados Unidos, un país con el que, según su portavoz, trata "sistemáticamente" los derechos de los ciudadanos europeos. En lugar de ello, la comisaria señala a los países de la UE, que el jueves 6 de junio congelaron en Luxemburgo su proyecto de protección de datos personales.
El reglamento sobre protección de datos o DPR (Data Protection Regulation), que lleva debatiéndose desde hace dieciocho meses en 25 reuniones, ha sido objeto de 3.000 enmiendas y divide a la Unión. Los ministros de Justicia de los Veintisiete se habían reunido unas horas antes de las revelaciones del antiguo empleado de la CIA Edward Snowden en el diario británico The Guardian, que quizás habrían permitido acercar sus divergentes puntos de vista. Londres y La Haya consideran que el proyecto de Reding penaliza demasiado a las empresas, París quiere que se preste más atención a las redes sociales, Berlín estima que los textos son demasiado imprecisos... Ante las revelaciones sobre PRISM, podemos afirmar que las capitales europeas también están, cuanto menos, "preocupadas".
Transferencias a veces voluntarias
Ese fue el calificativo que ya empleó la Comisión en 2000, cuando se desvelaron las actividades europeas de Echelon, una red anglosajona de vigilancia global de las telecomunicaciones. La NSA dirigía esta estrategia de interceptación cuyo fin era obtener datos económicos, comerciales, tecnológicos y políticos. Se había infringido la legislación de los Estados miembros de la Unión, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por entonces, Londres se había aprovechado de su relación privilegiada con Washington para espiar a sus rivales europeos. Las dos capitales lo negaron; los dirigentes europeos prefirieron olvidar que el responsable de la encriptación de las comunicaciones de la Comisión había declarado que existían "muy buenos contactos con la NSA", que habría tenido acceso libre a información supuestamente confidencial del Ejecutivo europeo. Posteriormente, el interesado "rectificó" sus declaraciones en una carta a su superior.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que Echelon no pudo prevenir, los europeos, a veces de forma voluntaria y otras veces obligados, concedieron importantes transferencias de datos a las autoridades estadounidenses, en nombre de la lucha contra el terrorismo. En 2006, descubrían que Washington tenía acceso en secreto desde hacía cinco años a la información de Swift, una empresa con sede en Bélgica y que garantiza los flujos financieros entre los bancos del mundo entero.
Cuando pasó el estupor y tras una difícil negociación, se firmó un acuerdo en 2010. A partir de entonces, los europeos podrían evaluar la pertinencia de las solicitudes estadounidenses, un responsable de los Veintisiete estaría presente en la capital federal estadounidense para ejercer un control, se realizarían una evaluación semestral del procedimiento y los posibles incidentes, etc.
Datos de las aerolíneas
El asunto de los datos personales de los pasajeros de líneas aéreas (PNR, passenger name record, registro de nombres de pasajeros) no fue menos complejo. Se necesitaron nueve años de discusiones y cuatro versiones de un texto para llegar finalmente a un consenso, en abril de 2012. Los europeos, a los que sobre todo les preocupaba evitar la firma de acuerdos bilaterales que habrían ofrecido pocas garantías, acabaron aceptando la transmisión de 19 datos sobre todos los pasajeros de la UE que viajaran a Estados Unidos o los sobrevolaran. Washington puso en la balanza la liberalización de las autorizaciones de acceso al territorio estadounidense. Los datos recibidos se vuelven anónimos al cabo de seis meses, luego se almacenan durante cinco años en una base "activa", y posteriormente diez en una base "durmiente".
Los europeos no han logrado resolver una cuestión clave: tres de las cuatro empresas mundiales que almacenan los datos de reservas de la mayoría de empresas del planeta están establecidas en Estados Unidos y se rigen por la legislación de este país. Por lo tanto, en caso de problemas, las leyes europeas no tendrían ningún efecto sobre ellos. Como en el caso de PRISM, la Unión se ve obligada no sólo a reconocer que conoce los hechos sistemáticamente con retraso, sino que además, su capacidad de acción es limitada.
¿Hacia una concienciación?
Actualmente, intenta negociar con Estados Unidos la posibilidad de que los ciudadanos europeos puedan corregir, por la vía judicial, los datos personales que poseen las empresas privadas estadounidenses y que fueran erróneos. Los ciudadanos estadounidenses que residen en Europa ya disfrutan de este derecho.
Si bien Sophie in't Veld, eurodiputada liberal, espera que las revelaciones sobre las prácticas de la NSA sirvan para "concienciar" a los europeos y que les obligará a ser más exigentes, un alto funcionario de Bruselas tiene otra opinión: "Este asunto confirma aún más que Estados Unidos son los líderes en materia de antiterrorismo y que muchos Estados miembros no se atreverían a contrariarles". Según esta fuente, además hay "pocas dudas" de que Reino Unido y otros países se hayan beneficiado de la información obtenida con PRISM. La canciller alemana Angela Merkel, será sin duda la primera en plantear directamente el asunto con Barack Obama, que visitará Berlín los días 18 y 19 de junio.
El asunto es mucho más delicado en este país tan vinculado a la vida privada y las revelaciones del Guardian han demostrado que Alemania era uno de los principales países objetivo en la recopilación de datos. Según un experto de Bruselas, esto podría indicar que las autoridades estadounidenses también realizaban espionaje industrial, algo que niega Washington desde la época de Echelon. El lunes, un portavoz del ministerio de Justicia en Berlín daba a conocer que la administración verificaba "posibles trabas a los derechos de los ciudadanos alemanes".
Visto desde Austria
Países que ya colaboraban con la NSA
Destila “cierta ironía”, comenta Der Standard, la petición que el 10 de junio realizaron varios eurodiputados en el Parlamento Europeo para que se reaccionase ante las revelaciones sobre la vigilancia de las comunicaciones electrónicas realizada por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense.
El diario vienés recuerda dicho control no empezó a ejercerse el día anterior, pues ya en 2001 el Parlamento puso en marcha una comisión sobre el sistema de espionaje internacional Echelon:
Seis días antes de los ataques del 11-S, esta comisión no tenía ninguna duda sobre la existencia de un sistema de escuchas de las comunicaciones a escala global, puesto en funcionamiento por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
Las organizaciones de los derechos del hombre y de protección de los datos personales se pusieron en guardia ante el sistema técnico capaz de vigilar “las comunicaciones electrónicas del mundo entero”, pero la UE decidió que si los servicios secretos son quienes los usan, entonces no contraviene el derecho europeo.
Der Standard recuerda que algunos países, como Alemania, colaboraron con la puesta en marcha de Echelon. Con respecto a Austria, a pesar de no formar parte del sistema Echelon, puede haber contribuido indirectamente a través de los acuerdos firmados con la NSA sobre el intercambio de datos, señala el diario. Contrariamente a otros países de la UE, la vigilancia de los datos relativos a las comunicaciones está de hecho permitida en Austria.
