Escenificación del cuadro "La Libertad guiando al pueblo", en una manifestación contra el Gobierno, en Sofía, el 13 de julio.

¿Cómo hacer que Sofía vuelva al buen camino?

Los antiguos miembros de la nomenklatura comunista y los servicios secretos se han adueñado de gran parte de las instituciones búlgaras. La UE lo sabe, pero todavía no ha encontrado los medios para hacer que sus normas del Estado de derecho se impongan.

Publicado en 25 julio 2013 a las 15:41
Escenificación del cuadro "La Libertad guiando al pueblo", en una manifestación contra el Gobierno, en Sofía, el 13 de julio.

La semana pasada se manifestaron ante la embajada alemana en Sofía unas mil personas. Fue un happening con el mismo espíritu pacífico que ha impregnado las protestas diarias contra el Gobierno búlgaro, hasta su poderosa eclosión del cuadragésimo día, en la noche del 23 al 24 de julio. Como agradecimiento al embajador alemán, los manifestantes representaron la caída del Muro de Berlín en 1989. Junto con el embajador francés, había publicado un artículo en uno de los principales periódicos búlgaros en el que ambos diplomáticos mostraban abierta simpatía por los manifestantes que cada tarde se reúnen a millares en Sofía y tachan al Gobierno de "mafia".

Lea el artículo completo en el sitio web de Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Instituciones europeas

¿Sanciones por defender los derechos fundamentales?

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¿Y si la Unión Europea estuviese preparando un “gesto ejemplar para convencer a los ciudadanos europeos de que finalmente sirve para algo, de que puede defender los principios y actuar cuando es necesario?”, plantea Adevarul.
El corresponsal en Bruselas del diario rumano explica que un documento remitido recientemente al Colegio de Comisarios adelanta la idea de que en la UE “se debe debatir más, ahondar más allá de los problemas económicos, sobre la forma en que los Estados miembros aplican las normas del Estado de derecho y garantizan el respeto de los derechos fundamentales”.
Por lo tanto es posible que, a juicio de Adevarul, la UE haga desde ahora todo lo que sea posible para “activar, en el caso de los Estados miembros, el mecanismo previsto en el artículo 7 del Tratado de Lisboa”, es decir, privar temporalmente al Estado en cuestión de determinados derechos contemplados en los tratados.
Este debate abre “una perspectiva muy interesante para este otoño, cuando comenzará una despiadada batalla de cara a las elecciones europeas de mayo de 2014”, publica Adevarul:

La respuesta a la pregunta de qué sanciones existen entre un procedimiento de infracción y el artículo 7 no es sólo una espectacular bomba política [...] sino también un claro mensaje que podría hacer que la credibilidad de las instituciones europeas aumente. Se trata de demostrar la viabilidad misma del proyecto europeo.

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