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La semana pasada pudimos observar dos expresiones muy distintas de la frustración de los ciudadanos en Grecia e Irlanda, los dos miembros de la Unión Europea en el primer plano de la crisis de la deuda soberana en la eurozona a lo largo del año. Mientras los votantes irlandeses de Dublín, Cork y Limerick acudían a las urnas, los ciudadanos griegos de Atenas, Tesalónica y Patras daban rienda suelta a su ira organizando una semana de acciones de protesta que culminaron en la huelga general de 24 horas por todo el país del pasado miércoles. Mientras la gente votaba con la mano en uno de los países, los ciudadanos ejercían sus derechos con patadas y puños en el otro.
En Dublín veremos cómo un nuevo Gobierno ocupa el poder. Los resultados de las elecciones generales del viernes no podían haber sido más claros. Más del 70 por ciento del electorado acudió a las urnas y el resultado arrebató el poder a la coalición hasta ahora gobernante. Fue la primera derrota de un Gobierno de la eurozona desde el inicio de la crisis de la deuda. El cambio de poder en el Dail, el parlamento de Dublín, ha producido el mayor cambio en la política irlandesa desde 1932. Sin duda se trata de una revolución democrática conseguida a través de las urnas. En cambio, la gran mayoría de los ciudadanos de Grecia siguieron con su vida normal e intentaron llegar a sus trabajos, a pesar de los trastornos que produjeron las numerosas huelgas de los servicios públicos y el transporte.
Los ciudadanos se sienten atrapados
A lo largo de los últimos meses, el número de participantes en las manifestaciones por las calles de Atenas se ha ido reduciendo constantemente. Mientras, el nivel de violencia mostrado durante estas concentraciones por grupos minoritarios que pretenden perturbar a la población sigue siendo una escena demasiado habitual.
La exasperación por los recortes en sus ingresos, prestaciones y pensiones, en especial en el sector público, caracteriza la ira de muchos ciudadanos tanto en Grecia como en Irlanda. Esta percepción legítima se basa en dos supuestos clave a los que deben enfrentarse tanto el gobierno de Yorgos Papandreu en Atenas como la nueva coalición en Dublín. En ambos países, la mayoría de los ciudadanos sienten que están atrapados en los engranajes de unas fuerzas económicas y unos agentes financieros por encima de los Gobiernos.
Ninguno de estos países quiere ver cómo se obedecen sin más las órdenes de la UE o del FMI. Ante estas circunstancias, no debemos subestimar el hecho de que en ambos países existe una cultura resistente al cambio. Al abrir las denominadas profesiones cerradas en Grecia a través de cambios legislativos, una multitud de grupos entre los que se incluyen farmacéuticos, conductores de camiones y abogados sigue resistiéndose a dichos cambios, e incluso los parlamentarios de diferentes fuerzas políticas, entre los que hay muchos abogados, notarios y otros representantes de estas profesiones liberales.
Ausencia de base común y convergente de impuestos en la UE
En Irlanda, el único aspecto que une a los miembros del Gobierno saliente y los partidos de la oposición victoriosos es la defensa del impuesto de sociedades del país, que fomenta la actividad empresarial. Esta extraordinaria coalición en Dublín luchará “con uñas y dientes” para mantener la tasa del 12,5 por ciento como no negociable, contra los depredadores de Berlín, París y Bruselas, que pretenden aumentar un impuesto de sociedades que es la mitad de la media en la Unión Europea.
En el caso griego, la resistencia al cambio y la atenuación de las iniciativas legislativas para abrir las profesiones cerradas es una forma de mantener alejada a la competencia de estos sectores, impedir que la innovación gane terreno y afianzar los intereses especiales de minorías organizadas.
En cambio, por polémico que sea el 12,5 por ciento del impuesto de sociedades irlandés para otros países en la UE, en la última década esta opción se ha utilizado para atraer inversiones de empresas como Google, Microsoft Corp, Dell computers, la farmacéutica Pfizer o empresas del sector financiero y evitar que fueran a parar a lugares lejanos como Hong Kong. Ambos países ahora están intentando afrontar su gran montaña de problemas con el gasto de los consumidores y los retos generados por las medidas de austeridad del gobierno fomentando la recuperación económica basada en las exportaciones.
En este contexto, para Irlanda ya no es vital tener que defender el actual impuesto de sociedades. La polémica con el resto de competidores de la UE lo que destaca no es tanto lo bajo o lo alto que debe ser este impuesto, sino la ausencia de una base de impuestos común y convergente en todo el continente europeo. De hecho, con el debate sobre el impuesto de sociedades irlandés ha surgido la oportunidad de tratar en términos generales en qué tipo de régimen fiscal quieren la UE de los 27 y los 17 miembros de la eurozona que se desarrollen los negocios en el futuro.
Ambos países son compañeros de fatigas
El Gobierno de Papandreu en Atenas y el Gobierno de coalición entrante en Dublín tienen que lidiar con la aceptación política de unos severos programas de austeridad. Además, deben garantizar su legitimidad con el paso del tiempo, a pesar de que gran parte de la sociedad de Irlanda y Grecia consideran que las medidas son injustas.
Pero Irlanda puede que ahora cuente con una ventaja y que después le siga Grecia. Ahora que el nuevo Gobierno ocupa el poder e intenta renegociar los términos y condiciones del paquete de rescate de la UE y el FMI, descubrirá de cuánto margen de acción dispone y qué flexibilidad están dispuestas a concederle las dos instituciones de financiación. En especial, en Dublín una de las principales manzanas de la discordia es la parte de ayuda financiera que procede de la Unión Europea. Los préstamos llevan un tipo de interés del 5,83 por ciento, mucho más alto de lo que están cobrando a Grecia, que vive una situación similar.
En ese sentido, ambos países son compañeros de fatigas. Necesitan una mayor flexibilidad con respecto a las condiciones de los acuerdos de rescate financieros, que muchos consideran más una carga que un paquete de rescate. Corren grandes riesgos, entre ellos la insolvencia unilateral o el impago conjunto.
Es difícil predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos en Dublín y Atenas. Ambos países seguirán siendo el centro de atención cuando tracen sus planes de reformas y se busquen soluciones más amplias a la actual crisis de la eurozona. La principal diferencia entre Grecia e Irlanda por un lado y el resto de miembros de la eurozona por otro, es que los ciudadanos de Antenas y Dublín comprenden las dificultades que surgen por lo que les está ocurriendo. Los ciudadanos de Portugal, Italia, España y otros lugares del continente puede que en breve también sepan lo que se siente en una situación así.
