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¿Vive en Bélgica, Dinamarca, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España o Suecia? Entonces, no hay problema. En estos países, las personas del mismo sexo también pueden casarse. En los demás países europeos, la cuestión surge habitualmente en el debate político y social, sobre todo antes o después de las elecciones.
En Francia, por ejemplo, el socialista François Hollande se comprometió durante la campaña presidencial a “abrir el derecho al matrimonio y a la adopción a las parejas homosexuales”. Tras ser elegido, anunció una ley que regulará dicha la materia “para la primavera de 2013” y es posible que parte de la oposición de derecha vote a favor de la misma. En Finlandia, se presentó el pasado mes de marzo un proyecto de ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Alemania, la sentencia del Tribunal Constitucional que estipula que las parejas del mismo sexo deben recibir el mismo tratamiento que las heterosexuales aún no se ha convertido en ley federal por la oposición de la derecha y de los liberales que se encuentran en el poder. En Luxemburgo, el proyecto de ley sobre el “matrimonio gay” deberá votarse durante 2013. Por último, en Reino Unido, el Gobierno había anunciado su intención de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo “de aquí a finales de la legislatura”. En otros países, como Italia, Polonia o Grecia, se habla de momento de pactos civiles, la primera etapa hacia el reconocimiento del matrimonio.
Allí donde surge, el debate sobre esta cuestión se vuelve acalorado, e incluso vehemente. Pero en nuestra opinión, se debe a un malentendido, que se genera siempre que una cuestión de la sociedad (aborto, divorcio, eutanasia, matrimonio homosexual,…) aborda un terreno en el que están implicadas las convicciones religiosas. Porque a estas cuestiones se les puede aplicar también un enfoque laico y liberal: aunque choque con las convicciones de una parte de la población, el hecho de ampliar unos derechos a otra no atenta contra los suyos. Reconocer un derecho no quiere decir que el ejercicio sea obligatorio para todos. Ofrecer una elección no obliga a elegir. Oponerse a una medida que afecta al ámbito íntimo de los demás es una muestra de intolerancia.
En el caso del “matrimonio gay”, se trata de poner fin a una discriminación que, en el momento en el que se admite que dos hombres o dos mujeres pueden querer vivir juntos, no tiene razón de ser. El Parlamento Europeo no se equivocó en votar, ya en 2003, una resolución que pedía a los Estados miembros “abolir toda forma de discriminación, legislativas o de facto, de las que son aún víctimas los homosexuales, sobre todo en lo que respecta al derecho a contraer matrimonio y a adoptar hijos”.
Los adversarios del “matrimonio gay” y de la adopción por parte de parejas homosexuales exponen que socavaría los fundamentos de nuestras sociedades, supuestamente basadas en la familia heterosexual y que el hecho de tener padres del mismo sexo perjudicaría a la estabilidad de los niños. Pero no hay nada que demuestre el primer argumento: Bélgica, Países Bajos o España siguen estando ahí y siguen siendo países democráticos y pacíficos. En cuanto al segundo, ningún estudio ha demostrado jamás que el hecho de tener padres del mismo sexo haya tenido alguna influencia negativa en el desarrollo de los niños.
De hecho, la cuestión tendría que invertirse: ¿existe alguna razón objetiva, aparte de las limitaciones legales, para impedir que se casen dos personas que se quieran, sea cual sea su sexo?
