España: La atención médica a los sin papeles ya no será gratuita

31 agosto 2012
Presseurop
El País, La Razón

“A partir del 1 de septiembre, al menos 150.000 extranjeros no comunitarios que se hallan en situación irregular en España verán sustancialmente limitado su acceso al sistema sanitario público”, explica El País en un editorial pocos días antes de la entrada en vigor del decreto sobre “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. La asistencia médica para los sin papeles se verá limitada a “los casos urgentes, a las mujeres embarazadas y a los menores de edad”, concreta el diario.

La medida, que se inscribe en el plan de austeridad del Gobierno, pretende ahorrar 500 millones de euros anuales. Pero El País considera que

cálculos más realistas rebajan el ahorro a la mitad, más o menos lo que se deja de cobrar a los países de la Unión Europea por una deficiente facturación de los servicios sanitarios prestados a nacionales de esos países en España.

Además, según señala el diario madrileño, “la falta de asistencia a los sin papeles amenaza derechos que ampara la Constitución”. Y añade que

La medida no solo acaba con la universalidad del sistema sanitario público; también con su gratuidad. Este colectivo podrá tener acceso a una plena asistencia sanitaria pública si suscribe una especie de seguro —convenios especiales con la administración sanitaria— por importe de unos 60 euros al mes por persona entre 17 y 65 años y de unos 155 euros en el caso de mayores de 65 años. […] La incoherencia suprema, que roza la desfachatez y que es una llamativa muestra de la lejanía de los gobernantes respecto de la realidad social, es pedir a personas sin trabajo unas cantidades que están fuera de su alcance poder pagar. Cuatro comunidades —Andalucía, Canarias, País Vasco y Asturias— se han rebelado contra esta disposición por considerar que afecta a la equidad y la cohesión social.

“En España, el sistema nacional de salud es uno de los que mejores prestaciones ofrece y como tal está considerado fuera de nuestras fronteras”, considera por su parte La Razón. “Pero”, añade

su mantenimiento es caro y cualquier desequilibrio puede ponerlo en peligro. Abusos como […] la atención a inmigrantes irregulares que, por su condición de tales, no contribuyen a sufragarlo, son algunos de esos factores desequilibrantes a los que hay que poner remedio. […] De hecho, todos los Estados europeos, con la excepción de España, aplican normas limitativas al acceso a la Sanidad pública para los inmigrantes irregulares. En algunos casos, como en los de Suecia y Austria, esos límites implican el cierre completo. El objetivo que se busca con ese tipo de normas es doble: por un lado, se trata de contener los costes sanitarios, cada vez más elevados, y por otro, más importante, de desalentar la inmigración irregular, con sus secuelas de explotación laboral y fraude a la Seguridad Social. El Gobierno español, por lo tanto, no va a hacer otra cosa que no se esté haciendo ya en los protocolos asistenciales del resto de los países de nuestro entorno.