Alemania y Estados Unidos sufren las consecuencias del escándalo PRISM y tratan de llegar a un acuerdo después de que se hiciese público que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense(NSA) había espiado en la República Federal, informa el Süddeutsche Zeitung.
El jefe del Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND), Gerhard Schindler, entablará a finales de agosto las negociaciones con sus socios estadounidenses para prohibir el espionaje entre ambos países en el futuro.
El exagente de la NSA Edward Snowden, en busca y captura por parte de Estados Unidos, reveló que mensualmente se interceptaban 500 millones de datos personales en Alemania, con la colaboración del BND.
El Parlamento alemán trata de calcular el alcance de esta acción de la NSA y de determinar también qué papel jugaba el BND. Además, preguntará si el Gobierno estaba al corriente. El 12 de agosto, la comisión de investigación de los servicios secretos del Bundestag (Parlamento) escuchó la comparecencia del jefe de la Cancillería (y responsable de los servicios secretos), Ronald Pofalla. Éste “ha hecho un esfuerzo para dar la impresión de que no había un caso de espionaje”, publica el diario de Múnich, que afirma que los alemanes no eran espiados de forma sistemática por los Estados Unidos y que Washington y Londres han asegurado por escrito que respetan las normas y la ley en Alemania. Esta comisión no excluye citar a miembros del Gobierno para que comparezcan ante ella.
“Este mes el BND y la NSA tienen que entablar las negociaciones para llegar a un acuerdo”, señala Die Tageszeitung. El diario de izquierda se pregunta no obstante:
¿A quién protegerá el espionaje de Estados Unidos, a los ciudadanos alemanes o al BND? Esperemos que sea a los primeros, pero Pofalla no ha concretado las medidas.
A cinco semanas de que se celebran las elecciones legislativas en Alemania, el escándalo tiene una gran repercusión sobre la campaña electoral. Der Spiegel acusa a la canciller Angela Merkel de haber estado al corriente del espionaje de la NSA y de haber rechazado la responsabilidad del socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, que fue jefe de la Cancillería en 2002.